Madrid | 14.11.2023 12:24
El registro en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE de la proposición de ley de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña" es el inicio también de las reacciones anunciadas en unos casos y previsibles en otros a la norma que será la llave para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró que la ley es "absolutamente conforme con la Constitución" y resaltó que su nacimiento es resultado del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría en la próxima investidura del secretario general del PSOE.
No está de acuerdo con su constitucionalidad el principal partido de la oposición. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la proposición al Tribunal Constitucional. No es el único partido al que le gustaría hacerlo, también Vox la querría recurrir, pero para presentar un recurso al constitucional hacen falta 50 diputados y el PP es el único grupo parlamentario que puede. También podrían presentarlo de manera conjunta, pero el partido de Feijóo no quiere ir de la mano en este tema con Abascal.
Una vez que la ley de amnistía esté aprobada, los jueces disponen de dos meses para aplicarla y tienen dos opciones:
En 'Más de uno', el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, ha criticado que el PSOE interpreta ciertas sentencias del Tribunal Constitucional para justificar la constitucionalidad de esta norma Los juristas critican que en el preámbulo de la ley hay "afirmaciones a medias" e "imprecisiones muy bien hechas" que se pueden ir desmontando una a una.
En el caso del recurso de amparo que presentará el PP, la suspensión de la norma no es automática sino que tendría que pedirse como medida cautelar y que el TC la acordase, algo que será improbable porque el artículo 10 de la ley de amnistía ya dice que los recursos no tendrán efectos suspensivos.
"Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjucio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos", dice exactamente el artículo 10 de la proposición de ley de amnistía presentada en el Congreso.
En cambio, si es un juez o tribunal quien acude a la corte de garantías o al Tribunal de Justicia de la UE, sí podrían paralizarse provisionalmente algunos de los efectos de la ley al acordarse la suspensión de los procesos judiciales que afecten al tribunal que pida la impugnación en cuestión.
Ahora bien, las impugnaciones de los jueces suspenderían sólo la resolución del proceso judicial, esto es, el archivo, pero no las medidas cautelares pendientes que deberán quedar sin efecto, como por ejemplo las órdenes de detención e ingreso en prisión. Es por ello que la aplicación de la ley de amnistía tendría efectos inmediatos en el caso de Puigdemont al revocarse la orden de detención contra él.