El CGPJ pide responsabilidad a María Jesús Montero y respalda la profesionalidad de los jueces

En un comunicado algo más contenido que el emitido ayer por todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sale al paso por unanimidad de las críticas a los jueces tras la absolución de Dani Alves del delito sexual por el que le había condenado el tribunal de primera instancia. La declaración institucional evita mencionar expresamente las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en las que cuestionaba que los jueces hubieran dado prioridad a la presunción de inocencia, y se refiere al “debate suscitado en los últimos días” a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sin embargo, en una clara alusión a las críticas de Montero, el CGPJ recuerda que el principio de la presunción de inocencia “es un derecho fundamental” que no puede quedar en suspenso ni siquiera ante casos especialmente sensibles como los delitos sexuales.

En la declaración institucional aprobada durante el Pleno de este martes, el órgano de gobierno de los jueces subraya también que el apoyo y protección a las víctimas “no implica renunciar” a ese derecho y confía en la “profesionalidad y capacitación técnica” de los magistrados que han intervenido en el proceso, tanto en primera instancia como en apelación.

Recuerda que nuestro sistema judicial establece el derecho al recurso en busca del acierto de “la decisión última”.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales, asegura el órgano de Gobierno de los jueces anticipando también sin mencionarlo que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

Responsabilidad de los representantes políticos

A diferencia del duro tono de las asociaciones judiciales, que acusaron a Montero de “deslegitimar” al poder judicial y de poner en riesgo el Estado de Derecho, el CGPJ mantiene un tono institucional y dedica a las reacciones políticas el último párrafo de su comunicado. Los representantes políticos deben saber compatibilizar su “legítimo derecho a la crítica” con la necesidad de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, señala.

Desde que este fin de semana Montero atacara al derecho de defensa, piedra angular de un estado de derecho democrático, el Ejecutivo no ha rectificado a su vicepresidenta.

En cambio, este lunes todas las asociaciones judiciales de todo el espectro —desde las más conservadoras hasta las más progresistas— se alinearon para rechazar en bloque lo que consideran un ataque injusto y peligroso. Una inusual unanimidad en las asociaciones de jueces y fiscales.