Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, han generado un aluvión de críticas por parte de las principales asociaciones judiciales de España. La magistratura ha reaccionado con contundencia, denunciando que las manifestaciones de la dirigente socialista suponen un ataque a la presunción de inocencia y un peligroso precedente.
El detonante de esta polémica han sido las palabras de Montero en un acto del PSOE Andaluz, donde afirmó: "Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante". Estas declaraciones llegaron tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el caso de Dani Alves, en la que se determinó que el testimonio de la víctima no era "fiable", motivo por el cual el jugador fue absuelto de todos los cargos.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJDD), Edmundo Rodríguez, subrayó que "las manifestaciones de Montero no son admisibles. La presunción de inocencia es una garantía del Estado de Derecho y un derecho fundamental que asegura la Constitución". Rodríguez insistió en la necesidad de proteger tanto a las víctimas de violencia de género y delitos contra la libertad sexual como los derechos de las personas acusadas en los tribunales.
Desde el Foro Judicial Independiente, su portavoz, Fernando Portillo, fue aún más crítico: "Arremeter contra la presunción de inocencia supone marginar el papel de los jueces, fiscales y tribunales. Si basta con denunciar para obtener una condena, como ocurre en los regímenes totalitarios, ¿para qué queremos procesos judiciales?".
Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, consideró "inasumibles" las palabras de Montero y realizó un llamamiento a la responsabilidad de la clase política para que "defienda los valores constitucionales que todos nos hemos dado como sociedad".
Alejandro Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), destacó que los comentarios de Montero "socavan la confianza en el Poder Judicial" y denunció la "politización de la resolución judicial" que, a su juicio, pretende el Gobierno. "Es una sentencia con una gran cantidad de elementos probatorios y una valoración técnica extensa. No podemos asumir expresiones que intentan politizar la controversia cuando es una cuestión puramente jurídica", sostuvo.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, fue especialmente contundente al afirmar que "las declaraciones de María Jesús Montero suponen pasar todos los límites" y que "desconocer la presunción de inocencia es desconocer lo que es una democracia y los derechos fundamentales que nos separan de la barbarie". Del Barco no dudó en exigir responsabilidades: "En un país serio, estas manifestaciones habrían provocado un cese fulminante. Quien desconoce los derechos de los ciudadanos no puede ostentar responsabilidades públicas en una democracia".