Abascal responsabiliza a Feijóo de "la ruptura" y le acusa de buscarla "deliberadamente"
Abascal asegura que la participación del PP en la relocalización de menores migrantes fue una decisión deliberada para obligar a Vox a romper los acuerdos de gobierno en las autonomías.
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, culpa a Feijóo de la ruptura en seis autonomías después de que los populares accediesen a participar en la relocalización de menores migrantes propuesta por el Gobierno.
Abascal asegura que esta decisión del PP ha sido "unilateral" y "deliberada" para obligar a Vox a romper los acuerdos de gobierno en cinco autonomías, y el pacto programático en Baleares.
Así lo afirma en una entrevista en 'El Confidencial' donde promete "una oposición contundente y leal" que "tendrá que negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto", en estas seis autonomías en las que retiró su apoyo parlamentario –Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia–.
A lo largo de toda la entrevista, Abascal incide en responsabilizar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de su decisión unilateral. "No lo decide Vox, lo decide Alberto Núñez Feijóo, que da instrucciones a sus dirigentes territoriales de que se posicionen de determinada manera en la Conferencia Sectorial", son las primeras palabras que reproduce en la entrevista.
"No solo han hecho oídos sordos, sino que yo creo que han tomado una decisión deliberada para que los gobiernos se rompieran", llega a acusar a Génova. Y, aunque reconoce que la reubicación de menores migrantes no formaba parte de ningún acuerdo programático, defiende que el PP debió tener "comprensión".
"No que digan 'esto no está en los puntos y hacemos lo que nos da la gana'. No, no hacéis lo que os da la gana, porque gobernáis con nosotros y, si hacéis lo que os da la gana, ya no gobernaréis con nosotros. Yo creo que es muy sencillo y que la gente lo entiende. A nosotros no nos apetecía abandonar los gobiernos", continúa.
Criminalización de los menores migrantes
La ruptura de la alianza de gobierno en seis comunidades se debe a que el PP asumió el pacto que Gobierno y autonomías cerraron en 2022 y aceptaron en estas regiones acoger a 110 menores. Al mismo tiempo, expresaron su negativa a modificar la Ley de Extranjería para reubicar de forma automática y obligatoria a otros 3.000 jóvenes que se encuentran en Canarias. Pero para Abascal fue suficiente para consumar su amenaza.
"El problema no es 300, 400 o 3.000. Si solo fueran 3.000 y se acabó la broma, no habría ningún problema. El problema es que es un no parar. El problema es que esas medidas son una promoción de la inmigración ilegal. El problema es que cuantos más se acogen y se reparten, más llegan y no se devuelve a nadie. El problema es que esa aparente alianza que tenemos con Marruecos, al que pagamos infraestructuras, no sirve para que acepte que sus niños vuelvan con sus padres. Y los que no son tan niños que vuelvan también a su país", continúa.
"Nadie ha votado a Vox para que sea cómplice de la promoción de la inmigración ilegal del PP y el PSOE. Y ha habido un momento en el que hemos tenido que tomar esta decisión", prosigue Abascal. "Algunos dicen: ya están criminalizando a los menas. No, no, si ya sabemos que no son todos, pero es que se criminalizan solitos, es que la gente que vive al lado de un centro de menas sabe lo que hay alrededor, sabe los robos que se producen, la violencia que hay, sabe las agresiones sexuales que se producen y nosotros no podemos colaborar con eso", remacha.
¿Peligran los ayuntamientos?
En este contexto, preguntado por qué no rompen también los ayuntamientos que alojan estos centros, reconoce que es porque los consistorios "no han sido los que deciden la recepción", sino las comunidades autónomas. No obstante, manda un aviso: "Si hay alguno que de manera voluntaria colabora, abandonaremos ese ayuntamiento. No lo haremos a tontas y a locas".
En estos momentos, PP y Vox gobiernan juntos en ciudades tan importantes como Valencia, el tercer municipio de España en población; Valladolid; Elche; Alcalá de Henares; Móstoles; Castellón, o Burgos. Y se hace eco de la situación de Fuenlabrada, donde el alcalde socialista, Javier Ayala, se niega a construir un centro de menores migrantes como pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Teóricamente, algunos dicen sí, que vengan, que los coloquen, pero no en mi pueblo. Y a mí me parece que eso es muy revelador. Nosotros somos mucho más coherentes, lo que queremos es que se vayan, que se los devuelvan a sus padres, que vuelvan a su país, que se utilice toda la labor diplomática de España, que parece que somos tan amigos de Mohamed VI para devolverlos y por supuesto de la Unión Europea. Y ni un euro de Europa para Marruecos mientras no acepte la devolución de sus nacionales", añade.