La Guardia Civil ha requisado más de 200 expedientes tras la denuncia de la propia Policía Local del municipio contra Domingo González Arroyo, alcalde hasta diciembre, cuando la Junta Electoral Central ordenó que fuera apartado del cargo en cumplimiento de una sentencia que lo inhabilitaba para desempeñar cargos públicos durante nueve años como autor de un delito de prevaricación.
La denuncia gira en torno a expendientes sancionadores que incoaba la propia Policía Local y tramitaban los servicios municipales en materias como Disciplina Urbanística y Apertura de comercios, entre otras, y que quedaban paralizados al llegar a la Alcaldía porque González Arroyo no los firmaba.