La abogada de Rubiales defiende que Jenni Hermoso dijo "pues vale" al beso y eso valida el consentimiento
El juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso durante el Mundial femenino de 2023, ha quedado visto para sentencia este viernes.
Durante las nueve sesiones de juicio, que comenzaron el pasado 3 de febrero, se han presentado los alegatos y declaraciones de los implicados, entre ellos Rubiales y Hermoso, quienes centraron sus testimonios en torno al consentimiento del beso y las presuntas coacciones posteriores.
El magistrado José Manuel Fernández-Prieto dio por finalizada la vista oral alrededor de las 12:00 horas, sin que ninguno de los acusados haya hecho uso de su derecho a la última palabra. Como era de esperar por la popularidad de los implicados, el juicio ha despertado un gran interés mediático con más de un centenar de medios acreditados.
En Madrid, comparecieron algunas futbolistas compañeras de Hermoso, como Laia Codina y Misa Rodríguez, mientras que otras, como Alexia Putellas e Irene Paredes, lo hicieron por videoconferencia desde Barcelona.
A lo largo del juicio, los acusados han rechazado las acusaciones de coacciones hacia Hermoso y su entorno. Entre ellos se encuentran Albert Luque, exdirector de la Selección Española, Jorge Vilda, exseleccionador femenino, y Rubén Rivera, exresponsable de Marketing de la RFEF. Los tres enfrentan cargos por presionar a la jugadora para que minimizara la gravedad del beso. En su defensa, los letrados de los acusados argumentaron que no hubo violencia ni intimidación en sus actos.
El abogado de Vilda, Luis Jordana de Pozas, defendió que el exseleccionador no fue testigo del beso y aseguró que su cliente actuó por "afecto" hacia Hermoso al intentar mediar para "arreglar" la situación. Según su defensa, cualquier conversación mantenida con el hermano de Hermoso, Rafael, durante el vuelo de regreso de Sidney a España, no implicó coacción. "Si coaccionar es impedir a alguien hacer lo que no quiere hacer con violencia o intimidación, es evidente que esta situación no encaja en ese concepto", explicó el letrado.
En cuanto a las presiones mencionadas por el entorno de Hermoso, el abogado de Vilda las minimizó, afirmando que cualquier preocupación sobre las "consecuencias personales y profesionales" que pudiera afrontar Hermoso era una muestra de preocupación y no de coacción.
El abogado de Luque, Jorge Navarro, por su parte, también solicitó una sentencia absolutoria, insistiendo en que no hubo coacción alguna. Afirmó que la interacción entre Luque y Hermoso no fue violenta, y defendió la libertad de expresión de su cliente, señalando que los mensajes enviados por Luque, aunque duros, no constituyen una intimidación.
Navarro subrayó que Hermoso había mostrado disposición a encontrarse con Luque en Madrid en varias ocasiones, lo que, en su opinión, refuerza la idea de que no hubo presiones. "Estamos en un tema de libertad individual y de libertad de expresión", añadió.
Por último, Joaquín Jiménez, abogado de Rubén Rivera, también solicitó la absolución, argumentando que su cliente no conocía la magnitud de los hechos. En su intervención, criticó que Hermoso hubiera ampliado la querella a otros delitos tras haber comenzado inicialmente acusando solo a Rubiales por agresión sexual. Según Jiménez, Rivera fue acusado únicamente por realizar gestiones como cargar el teléfono de Hermoso o pedirle, de manera educada y sin violencia, que hablara con Luque.
La Fiscalía ha solicitado para Rubiales una pena de 2 años y 6 meses de prisión, que incluye tanto el delito de coacciones como el de agresión sexual. Para Luque, Vilda y Rivera, la acusación solicita 1 año y 6 meses de cárcel por las presuntas presiones a Hermoso.
El juicio, uno de los más mediáticos en la historia de la Audiencia Nacional, ha finalizado a la espera de conocer la resolución final, que se sabrá en los próximos días. Aunque no hay una fecha exacta confirmada, considerando que el juicio ha concluido este viernes y los tribunales suelen tardar entre dos y cuatro semanas en emitir sentencias en casos de este tipo, es probable que la de Rubiales se conozca a finales de febrero o principios de marzo de 2025.
La decisión del tribunal será clave en un caso que ha generado un amplio debate sobre el consentimiento, las coacciones y la responsabilidad en situaciones de abuso de poder.