Nueva doctrina del PSOE: la “delegación” como justificación del traspaso de fronteras

El Gobierno se ha aferrado a un término para justificar el acuerdo alcanzado con Junts para la "delegación" de competencias migratorias a Cataluña, un pacto que ha generado críticas en Partido Popular, pero también en Podemos, que lo ha llegado a tildar de "racista". La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que no se trata de una cesión, sino de una "delegación de competencias" amparada en el artículo 150.2 de la Constitución española.

Delegación, no cesión

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáiz y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han subrayado que el acuerdo no implica la cesión del control de fronteras, sino que los Mossos d'Esquadra actuarán "en colaboración y coordinación" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Se aplica con la Constitución en la mano", ha asegurado Sáiz, quien ha defendido la constitucionalidad de la proposición de ley registrada en el Congreso.

El texto otorga a la Generalitat la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la lucha contra el tráfico de personas y la tramitación de permisos de residencia. Además, los Mossos verán reforzados sus efectivos con 1.800 nuevos agentes, lo que les permitirá estar presentes en puertos, aeropuertos y fronteras, aunque sin capacidad plena para decidir sobre expulsiones.

Puigdemont: "Sin integración no hay nación"

Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el acuerdo como un paso hacia el ejercicio de competencias propias de un Estado. "Sin integración no hay nación ni podemos asegurar el futuro de nuestra identidad nacional", ha afirmado Puigdemont, quien ha destacado que la Generalitat será la encargada de proponer expulsiones y establecer controles en las fronteras. Un Puigdemont que ha añadido un adjetivo a lo de "delegación", ya que en su caso se ha convertido en "delegación integral".

Sin embargo, el Gobierno ha matizado estas afirmaciones, insistiendo en que el control de fronteras no se cede y que los Mossos actuarán siempre bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "No se cede el control de fronteras", ha reiterado Sáiz, quien ha dejado abierta la puerta a que otras comunidades autónomas puedan asumir competencias similares si muestran interés.

Críticas de la oposición

El acuerdo ha sido criticado por la oposición, que lo considera una concesión excesiva a Junts para asegurar su apoyo en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha calificado el pacto como una "doble humillación" para España y para los catalanes que no comparten el independentismo.

La proposición de ley necesita una mayoría absoluta en el Congreso para ser aprobada, lo que obliga al Gobierno a negociar con otros grupos parlamentarios. El acuerdo, que combina aspectos técnicos y políticos, refleja la complejidad de un escenario en el que la gestión migratoria se convierte en un campo de batalla entre la recentralización y las demandas de la Generalitat. Podemos ya ha advertido que "con sus votos no se aprobará" la ley y han llegado a denunciar que es racista y que "ningún ser humano es ilegal".