Monólogo de Alsina: "Dolores Delgado y el pecado original"

Con las causas judiciales que están abiertas hay que hacer como con la vida en Venus. No precipitarse. No querer sacar conclusiones antes de tiempo y cuando estamos todavía en la fase de los indicios. Eso vale para la Kitchen, para Neurona, para Corinna, y eso vale para el aluvión de querellas y denuncias que llegaron a los juzgados en abril y mayo por la gestión del coronavirus. Sindicatos médicos, asociaciones diversas, el Consejo de Enfermería, familiares de fallecidos, familiares de ancianos alojados en residencias, acudieron a la justicia porque entendían (y entienden) que muchos de los contagios, y de las muertes, se produjeron por la falta de medios en los hospitales y las residencias o por decisiones tardías (o erróneas) de los gobernantes. El abanico de hechos denunciados y de posibles responsables es tan amplio, y tan variado, como los juzgados y tribunales que ir pronunciándose, porque en unos casos la denuncia va contra la dirección de un hospital, en otros contra la empresa gestora de una residencia, en otros contra el gobierno autonómico de turno y en otros, en fin, contra el gobierno central, en la persona de los ministros o el presidente.

Una de las noticias relevantes de la mañana es que la fiscalía ha fijado criterio sobre una parte de estas querellas: las que afectan al presidente Sánchez y al ministro Illa. Y sostiene la fiscalía que aquí no hay caso. Que carece de lógica achacarle al gobierno de España los contagios o los fallecimientos por el virus. Pide la fiscalía que se desestimen todas, es decir, que se dé ya carpetazo. Es el criterio de los fiscales. O de la fiscal general Dolores Delgado, que convocó a sus fiscales de más rango para unificar criterio a sabiendas de que no todos lo veían de la misma forma. Nada fuera de lo común, por otra parte. Que haya fiscales con criterios distintos y que desde arriba se les uniforme. No hay que sacar conclusiones antes de tiempo: que la fiscalía recomiende no atender las querellas no presupone que el Tribunal Supremo vaya a hacerlo. Digamos que con la fiscalía en contra menguan enormemente las probabilidades de que las querellas prosperen, pero eso aún no ha sucedido. Y hablamos sólo de las querellas en el Supremo que afectan al gobierno de España. Al resto de denuncias que afectan a gobiernos autonómicos, residencias de mayores o gerencias de hospitales, esto de ayer no les afecta.

Todo lo que tiene que ver con la fiscalía está afectado de la misma avería: la pasarela que llevó a la señora Delgado directamente del gobierno de Sánchez a la jefatura de los fiscales. No les extrañará ni al presidente, ni a los ministros, ni a Dolores Delgado que hoy algunos diarios titulen que la ex ministra blinda a su antiguo jefe para que le afecten las responsabilidades penales. Delgado al rescate. Sostiene la fiscalía que tanto el acopio de material como la gestión de los hospitales y residencias estaba (y está) en manos de los gobiernos autonómicos ---pese al estado de alarma y el mando único, habrá que decir--- y añade que los querellantes no alcanzan a establecer qué actuación del presidente les parece delictiva y por qué.

Luego ya hay otra parte de la argumentación que es más endeble. Cuando dice la fiscalía que es 'contrario a toda lógica pensar que todas las admnistraciones, a pesar de su distinto signo político, obraron de modo poco diligente'. Y aquí hay que preguntarle a la fiscal general qué tiene de ilógico pensar que todos los gobernantes pudieron ser negligentes, tengan la ideología que tengan. Naturalmente que pueden haber sido todos negligentes a la vez. Como lo pueden haber sido otros gobiernos europeos sin que eso les exonere. El argumento de la disparidad ideológica no es un argumento. Sí lo es que la responsabilidad política, o la negligencia, es una cosa y la responsabilidad penal, el delito, es otra. Se puede haber gestionado una crisis sanitaria muy mal sin que eso convierta al gestor en delincuente.

Está por ver que este mismo argumento ---si todos hicieron lo mismo, no pueden ser todos negligentes--- lo aplica la fiscalía a las querellas que están presentadas en Madrid contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por el abandono de ancianos en las residencias. Una juez de Madrid ha rechazado la querella de once familias de ancianos contra la presidenta. Acusaban de omisión de socorro y homicidio imprudente. La juez dice que el gobierno autonómico no hizo nada ilícito y que el mando único lo tenía Sánchez. La fiscalía, en Leganés, tiene que decidir ahora si recurre para que la querella se admita o deja pasar el asunto.

Monólogo de Alsina: "Leonor en cuarentena y los padres sin baja laboral"