"No es normal que el Fiscal General del Estado, al borde de la imputación, siga en el cargo"

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha informado al alto tribunal de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha incurrido en un delito de revelación de secretos por haber ordenado la difusión de un comunicado de prensa en la que se desmentía que el Ministerio Público hubiera intentado un acuerdo con la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la causa por la comisión de dos delitos fiscales que el empresario había reconocido. "Lo que no es normal es que el Fiscal General del Estado esté al borde de la imputación y siga siendo FGDE. No puede ser removido, él tiene que dimitir y el Gobierno no puede destituirle", explica el abogado José María de Pablo.

"Me da mucha pena las intromisiones del Gobierno en decisiones judiciales. Es muy importante para el Estado de Derecho el secreto profesional entre abogado y cliente. Es una nota de prensa en la que se entrecomilla una parte de un texto que envía un abogado al fiscal. Es revelación de secretos", reflexiona el entrevistado.

Considera que más allá de que hubiera filtración previa, sí existe revelación de secreto: "Que la Fiscalía General del Estado revele que eso es parte del correo, es revelación de secretos confidenciales, independientemente de si se ha filtrado antes o no".

El Tribunal Supremo ha confirmado su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros en el marco del 'procés', al insistir en que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial". Además, ha aprovechado para aclarar que los jueces no son una "boca muda" que se limita a aplicar la "literalidad" de las leyes. "El Supremo lo que dice es que cuando la ley de amnistía excluye los altos de malversación que supongan un enriquecimiento personal lleva a una discrepancia jurídica. No debe ser un político el que esté juzgando las interpretaciones de la ley. El poder legislativo y el ejecutivo debe dejar trabajar a los jueces. Que un político desde el Gobierno cuestione lo que hace un juez sin argumentos jurídicos no procede", señala de Pablo.