El sueldo de un bombero forestal en España: su lucha por unas condiciones dignas y sin precariedad
Salarios bajos, temporalidad y un convenio de 2008 centran sus reclamaciones por unas condiciones más dignas.
Mientras España combate algunos de los peores incendios forestales de los últimos años, el foco también se ha puesto en quienes trabajan sobre el terreno. Los bomberos forestales llevan años denunciando la precariedad de sus condiciones laborales y reclamando mejoras salariales.
El documento, difundido en 2025 por la cuenta Bomberos Forestales CM, muestra el salario de un peón con 16 años de antigüedad, contratado por la empresa pública Tragsa, que percibió un salario neto de 1.253,37 euros en el mes de marzo de 2025. Junto a la nómina, el colectivo denuncia que sigue sin contar con una categoría profesional plenamente reconocida, que no percibe complementos por penosidad, toxicidad o peligrosidad y que continúa sometido a un convenio colectivo que consideran "totalmente desfasado".
Un sueldo que varía según la comunidad autónoma
A diferencia de otros cuerpos de emergencias, los bomberos forestales no tienen un salario homogéneo en toda España. Las condiciones dependen de la comunidad autónoma, del organismo que gestione el servicio y del convenio colectivo que resulte de aplicación.
En el caso de la Comunidad de Madrid, muchos de los profesionales dependen laboralmente de Tragsa, empresa pública estatal que actúa como medio propio de las administraciones. Es Tragsa quien figura como empleador y quien abona las nóminas, aunque el servicio se presta por encargo de la Comunidad de Madrid, que financia y organiza el operativo.
Por ello, los representantes del colectivo dirigen sus reivindicaciones tanto a Tragsa como al Ejecutivo regional.
"Exigimos a TRAGSA y a la Comunidad de Madrid que se sienten a negociar un convenio colectivo digno; seguimos anclados con uno de 2008 totalmente desfasado", denuncian.
Una ley que reconoce la precariedad del sector
La aprobación de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, supuso el primer reconocimiento estatal específico de esta profesión. Sin embargo, la norma no fija salarios mínimos ni un convenio único para todo el país.
Sí reconoce, en cambio, la realidad del colectivo. En su preámbulo admite que existen situaciones de "alta temporalidad y estacionalidad", así como "sueldos y complementos muy variables", consecuencia de los distintos modelos de contratación existentes entre comunidades autónomas.
Además, la ley insta a las administraciones a impulsar el reconocimiento de complementos retributivos ligados a la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la penosidad y el riesgo psico-físico inherente a esta profesión, aunque deja su desarrollo en manos de la negociación colectiva y de cada administración competente.