Los cinco integrantes de La Manada se apuntan a cursos para agresores sexuales en prisión

Los cinco hombres de La Manada, que violaron a una joven en Pamplona durante los Sanfermines de 2016, se han apuntado voluntariamente a los cursos de intervención y control que se imparten en las prisiones a los agresores sexuales.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, todos condenados a 15 años de cárcel por las agresiones sexuales a la chica madrileña, se han apuntado a los cursos de "control de la agresión sexual", aunque, de momento, solo dos de ellos han sido aceptados y han comenzado a realizarlos, según informa Luis Rendueles en Caso Abierto.

Fuentes penitenciarias han explicado que "para incluir a un interno en el programa de intervención de agresores sexuales se tiene en cuenta el tiempo de condena que le queda y su evolución personal. Son tratamientos terapéuticos y se autorizan cuando los expertos crean que van a ser más efectivos". "El interno que tenga voluntad de hacer el programa lo acabará haciendo" añaden.

Permisos de salida

El temor del entorno de la víctima de La Manada es que esto se trate de una maniobra de sus agresores para lograr permisos de salida de prisión. Hasta ahora los han solicitado varias veces y siempre se los han denegado. Realizar un programa de este tipo no implica ningún beneficio automático para el preso, pero sí que se "valora" por parte de la dirección de la cárcel y el juez. El reconocimiento del delito cometido es un paso casi imprescindible para lograr permisos de salida de prisión, informa Luis Rendueles.

Condena a La Manada

El Supremo, por unanimidad, elevó de 9 a 15 años de prisión la condena contra los cinco miembros de La Manada al encuadrar los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 en un delito continuado de violación y no en un abuso sexual con prevalimiento, como hicieron dos tribunales anteriores.

A la vista de los hechos probados, el Supremo consideró incorrecta la calificación jurídica de las anteriores sentencias porque el relato describe un "auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados".

Además de la pena de cárcel, el Supremo les impuso la prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años a una distancia inferior a los 500 metros así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con ella, y eleva a 100.000 euros la indemnización conjunta y solidaria a la joven.

Sin olvidar los 8 años de libertad vigilada que la Sala les impuso una vez cumplan la pena de cárcel.

La decisión del Supremo supone la primera vez que un tribunal da la razón a la víctima y al resto de acusaciones al considerar que sufrió una violación el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

Territorio Negro: Las agresiones de la Manada