El Supremo dice que García Castellón cumplió con su deber al investigar a Podemos y rechaza la querella por lawfare

La reciente racha de denuncias y querellas por supuesta persecución judicial o ´lawfare` comienza a estamparse con la realidad en los tribunales. El Supremo ha rechazado investigar a los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, denunciados por Podemos por supuesta guerra judicial cuando en 2021 se reabrió una causa a raíz de las declaraciones del militar venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo.

La Sala de lo Penal ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por la formación morada al no apreciar indicios de delitos de prevaricación, revelación de secretos u omisión del deber de perseguir delitos. Al contrario, el auto confirma la obligación del juez a investigar sobre los hechos revelados por Carvajal.

En la querella contra el juez de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón y el magistrado de refuerzo de dicho juzgado Joaquín Gadea, Podemos denunciaba que los jueces acordaron la reapertura de la investigación basándose en las declaraciones del exmilitar venezolano, que pretendía retrasar su extradición a EEUU. También argumentaban que la resolución judicial se basó en una información obtenida de forma ilegal por funcionarios de policía y que el fin del secreto era impedirles ejercer sus derechos al tiempo que de forma paralela se filtraba el contenido y resultado de las diligencias de investigación.

En un contundente auto, la Sala no solo considera que los hechos denunciados no son constitutivos de los citados delitos sino que, una vez analizada la información aportada por Carvajal, afirma que los hechos “guardaban relación con el objeto de la investigación que se había llevado a cabo en el juzgado por delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales, por lo que ante esta nueva información el juez estaba obligado a investigar y verificar la veracidad de la información que se le transmitía”.

Para la Sala, tampoco parece injustificada en ese momento la declaración de secreto de sumario con la que el Ministerio Fiscal estaba conforme.

Del mismo modo, el tribunal rechaza la indefensión denunciada por Podemos por la declaración del secreto sumarial puesto que de continuarse la investigación -indica la Sala- hubiera terminado por levantarse el secreto.

La prevaricación exige "intención deliberada"

El tribunal recuerda que el delito de prevaricación judicial no sólo exige “la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho”, sino también la “intención deliberada de faltar a la justicia”. De esta manera, “de la simple lectura de las resoluciones combatidas y de las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se desprende que dicho elemento subjetivo no está presente”, señala el auto.

Respecto al delito de revelación de secretos, el tribunal indica que es evidente que se produjeron filtraciones de la investigación que se hicieron públicas a través de determinados medios de información, pero ni el querellante las atribuye de manera clara y terminante a los querellados, ni aparece indicio alguno de que ello fuera así.

“Ni los querellados fueron las únicas personas que tuvieron acceso a la información contenida en el procedimiento, ni aparece interés alguno en ellos de que tales filtraciones se produjeran”, concluyen los jueces. Tampoco se les atribuye omisión alguna de determinada actividad que hubiera impedido las filtraciones”.

Por lo que se refiere al delito de omisión del deber de perseguir delitos, la Sala recuerda que se trata “de un delito de omisión pura en el que el sujeto activo es la autoridad o funcionario público que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecución de los delitos y sus responsables”.

El tribunal, formado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela (ponente) y Eduardo de Porres, coincide con el Ministerio Fiscal, que se pronunció a favor de rechazar la querella y confirma que la competencia objetiva para perseguir esas filtraciones no correspondía a los querellados, sino al Juzgado que resultara competente por razón de la materia y del territorio”.

Añade que “la obligación de denunciar la perpetración de cualquier delito corresponde, no solo al que por razón de su cargo, profesión u oficio tuviera noticia del delito (art. 262 LECrim), sino a cualquier persona que presenciare su perpetración (art. 259 LECrim). Y es evidente que ni el Ministerio Fiscal ni el querellante denunciaron filtraciones, las que tampoco resultaba claro que procedieran del sumario, teniendo en cuanta las particulares circunstancias del caso y la fuente originaria de la información”.