La declaración de Jéssica Rodríguez ha generado las primeras consecuencias en la empresa Tragsa. La expareja de José Luis Ábalos declaró haber firmado un contrato público con la empresa, pero nunca llegó a acudir a trabajar. La empresa ha acordado este viernes el cese de Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, una gerente de tercer nivel, según informa el diario El Mundo.
El citado medio añade que el despido se ha producido este mismo viernes tras varios días de reuniones en la cúpula ante la expectativa de cómo podría salpicarles la declaración de Jéssica Rodríguez en el Tribunal Supremo. Jessica estaba encuadrada en el área de Desarrollo Rural y Política Forestal, precisamente el departamento del cargo sacrificado, pero es importante recalcar que no fue Martín Palacios quien habría promovido su contratación y que la entrevista que pasó la expareja de Ábalos no fue conducida por la cesada.
Jessica Rodríguez, la mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo una "relación particular" durante unos meses, nunca fue a trabajar a las empresas públicas de las que cobraba mensualmente, Ineco y Tragsatec.
Según ha explicado en su declaración, ambas empresas le dijeron que si la necesitaban ya la llamarían y nunca la llamaron. La exnovia de Ábalos ha comparecido ante el juez del Supremo en un estado de visible afectación, ha declarado llorosa y rota, según fuentes jurídicas, hasta el punto de que se le ha permitido salir por una puerta distinta a la entrada por la que le esperaban las cámaras.
Durante su declaración, Jéssica Rodríguez también habría vinculado a Ábalos con la obtención de contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según su relato, el entonces ministro le sugirió que buscara trabajo en estas entidades. "Me dijo que estaría bien que trabajara mientras estudiaba. Le envié mi currículum, me llamaron para una entrevista y, a los pocos días, me llamó el hermano de Koldo para el contrato de Ineco", ha explicado.
Pese a haber firmado el contrato y haber recibido un portátil tras realizar un curso de formación, nunca llegó a ser llamada para trabajar. Jéssica imagina que la habían contratado por la intervención de Ábalos. Ha declarado que nunca la llamaron para trabajar: "No, yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada". Ha detallado que cobraba el SMI, unos 1.060 euros y que en esos dos años no hizo nada. En cuanto al ordenador, dice que nunca lo usó para trabajar, pero sí para el curso de riesgos laborales y para fichar semanalmente.