Tras inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense sobre la radicalización en el terrorismo yihadista, Fernández Díaz ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que si con esa petición de traspaso "se pretende acabar con la política de la dispersión, ese no es el camino".
Ha reconocido que el Estatuto de Gernika incluye entre las competencias que debe tener el Gobierno Vasco la gestión de las cárceles de la comunidad autónoma, pero ha considerado que la actual política penitenciaria está siendo eficaz en manos de la administración central.
Y ha insistido: el fin de la dispersión está en manos de los presos de ETA, que pueden desvincularse de la banda, pedir perdón y colaborar con la justicia para que no se les aplique esa política, y de la propia organización terrorista si se disuelve y entrega las armas o permite a sus reclusos acogerse a las vías de reinserción.
Se ha referido a las conversaciones que el líder del PP, Mariano Rajoy, mantiene con representantes del PNV para recabar apoyos de cara a la investidura, pero no ha querido entrar en el fondo de ese encuentro por "respeto" a los interlocutores.
No obstante, ha aseverado que la posición del Gobierno en funciones "está muy clara", porque la política antiterrorista que ha aplicado ha tenido efectos "extraordinarios".
"Que no se le pida al Gobierno una responsabilidad que no le corresponde y que haga dejación de una política que pretende que se cierre bien ese periodo dramático de 40 años de la historia de España", ha enfatizado.
Tras decirles a las víctimas que tengan la seguridad de que el Gobierno "no las va a decepcionar ni defraudar, como no lo ha hecho estos años", Fernández Díaz ha reiterado que para que se traspasen las Prisiones al País Vasco debe haber la "voluntad concurrente y compartida de las dos administraciones".
De todos modos, ha reiterado el titular de Interior, "mezclar la transferencia con la política de dispersión es un mal camino", ya que España, como el resto de países, está amenazada por el yihadismo, tiene activado el nivel de alerta 4 y aplica la dispersión a los presos detenidos en operaciones contra ese terrorismo.
"La unidad contra el terrorismo exige una política penitenciaria que puede llevar a cabo el Gobierno, y si no tiene prisiones que gestionar, no puede desarrollar una política penitenciaria eficaz para coadyuvar a la lucha contra el yihadismo", ha concluido.