Los errores del PP que dan aire al PSOE antes de las vacaciones del curso político
La dimisión de Noelia Núñez ha sido el último de los tres charcos que ha pisado el PP antes del parón de agosto, que han permitido tener algo de ofensiva a los socialistas.
Madrid |
En las últimas semanas distintos escándalos vinculados al Partido Popular han insuflado algo de aire al PSOE, que sigue arrastrando las crisis desatadas por los escándalos de corrupción de Koldo, Cerdán y Ábalos; David Sánchez, el hermano del presidente; Begoña Gómez, la mujer del presidente y Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. El último de estos escándalos ha sido la dimisión de la exdiputada Noelia Núñez tras descubrirse que había mentido en la formación que atesoraba en los currículums del Congreso y la Universidad Francisco Marroquin.
Noelia Núñez y la falsa titulación
El pasado miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicaba un 'tweet' en su perfil de la red social X en el que señalaba que la exvicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, acreditaba una serie de titulación en su hoja formativa del Congreso de los Diputados, Ayuntamiento de Fuenlabrada y Universidad Francisco Marroquín, que no se ajustaban con la realidad.
En la Cámara Baja figuraba como poseedora del Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública; en el consistorio fuenlabreño sostenía que tenía el Doble Grado de Ciencias Jurídicas y Derecho de la Administración Pública, así como que se encontraba estudiando Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y, por último, en el centro educativo, donde dio una charla, aunque aparecía como profesora en Ciencias Políticas, se recoge que contaba con el Grado en Filología Inglesa, una Licenciatura de Derecho por la Universidad Central de Missouri, que en realidad era la Complutense, y que estaba estudiando la doble titulación anteriormente mencionada.
Tal fue la repercusión en redes sociales y por parte de distintos cargos del Gobierno que salieron en masa a denunciar este hecho que esa misma tarde dimitió de todos sus cargos. En los días posteriores, en distintas entrevistas, ha asumido su error, por el que ha pedido disculpas. Más allá de sus explicaciones lo cierto este acontecimiento ha desatado una guerra entre populares y socialistas que se acusan mutuamente de que muchos de sus altos cargos no tienen la titulación que dicen tener.
Concretamente, los de Feijóo han señalado con especial virulencia al propio ministro Puente, por un máster que cursó antes de ser licenciado; Patxi López, quien abandonó su ingeniería para dedicarse a la vida política, o la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que figuraba como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, aunque no terminó los estudios. Los populares han querido crear un precedente con Núñez y exigen las mismas determinaciones al PSOE.
Por su parte, los de Sánchez han contraatacado apuntando contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien acusan, incluso, de hacer desaparecer su cv de la página web oficial de la Junta para tratar de tapar un currículo que paulatinamente ha ido menguando. Otro de los más señalados ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, a quien Puente ha acusado de mentir en su formación de periodista, aunque Tellado lo ha desmentido, puesto que ha reconocido que "pese a ser licenciado en Ciencias Políticas, he trabajado como periodista y jefe de prensa".
El fin de semana de Ayuso en El Escorial
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó el fin de semana pasado en un chalet cerca de Rascafría que su propio Gobierno ha adquirido por un valor de 4,3 millones de euros "por su alto valor ecológico", como explicó Ayuso. Asimismo, ha explicado que "me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán", para tratar de disipar cualquier tipo de duda sobre el mal uso del dinero de los madrileños.
No obstante, al hacerse cargo de la finca, el Ejecutivo madrileño ha asumido la rehabilitación de una ermita del siglo XII -ya abierta al público- de una serrería que tras las obras se utilizará como sede comarcal de los Agentes Forestales de la Comunidad, y otras instalaciones que está utilizando el personal del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Igualmente, la residencia ha sido usada puntualmente como centro de trabajo del Consejo de Gobierno y puede ser utilizada por miembros del Ejecutivo que se encuentren "de guardia" o por las condiciones de "seguridad e intimidad" que ofrece, según argumentó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo
"Si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno de un puente (…) Me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes... ¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa", concluyó Ayuso en su comparecencia explicatoria.
Pese a todo, la oposición no tardó en reaccionar. "Hemos pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos deje visitar el chalé que compró con dinero público y en el que han comenzado este año sus vacaciones la presidenta y su familia. Queremos conocer ese casoplón, como a ella le gusta decir, y esas instalaciones en Rascafría por las que los madrileños hemos pagado 4,3 millones de euros", aseveró la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.
Más duros fueron desde Más Madrid, en especial Manuela Bargot, su portavoz: "Lo del casoplón de Rascafría, pagado por todos los madrileños, es la enésima demostración de que Ayuso solo vino a la política a chupar del bote. Es una vividora de lo público, una Robin Hood al revés, que recorta los servicios públicos para empobrecernos a todos y vive a todo trapo a costa de nuestros impuestos".
Los favores legislativos y el espionaje de Montoro
El exministro de Hacienda tanto en el Gobierno de Aznar como en el de Rajoy ha sido acusado junto a ex altos cargos y socios del bufete de Equipo Económico y dirigentes de distintas empresas gasísticas de los delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, por modificar las leyes para beneficiar a los clientes del despacho que el mismo fundó aunque posteriormente y, antes de ser ministro, abandonó.
Sin embargo, el juez instructor del caso no ha advertido delito en que el exministro accediese a información fiscal de otros políticos tanto de su partido como de rivales y de periodistas que destapaban información que le comprometían tanto a él como al Ejecutivo del que formaba parte.
Si bien es cierto que Montoro ya no forma parte del Partido Popular y que su tiempo en la primera línea no ha coincidido con el de Feijóo, no deja de ser un caso relacionado con el 'viejo' PP del que el líder de la oposición se quiere deshacer por, precisamente, este tipo de causas.