Claves de la la ley que limita la gestión privada de la sanidad pública a casos excepcionales: "Se acabó convertirla en un negocio"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.

Durante su comparecencia, García ha lanzado un mensaje contundente contra los modelos de externalización sanitaria aplicados durante las últimas décadas: "Se acabó ese modelo que hemos visto, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos".

Las claves de la nueva ley

El texto impulsado por el Ministerio de Sanidad busca reforzar la gestión pública directa como fórmula prioritaria dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre las principales medidas destacan:

• La limitación de la gestión privada a situaciones extraordinarias y justificadas.
• La obligación de demostrar previamente que la administración pública no puede asumir directamente el servicio.
• El refuerzo de los mecanismos de transparencia y control del gasto sanitario.
• La eliminación de modelos que permitían a empresas privadas construir y gestionar hospitales públicos simultáneamente.
• La derogación parcial del marco legal aprobado en 1997 que facilitó las concesiones sanitarias y la colaboración público-privada en varias comunidades autónomas.

"El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada, garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud", ha enfatizado en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Como se comentaba previamente, mediante el texto aprobado se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud. En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.

De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Mecanismos de control

Para ello, se establecen varios mecanismos de control: el primero, la exigencia de una evaluación previa; en este sentido, se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.

Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.

Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.

El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria. Además, establece una preferencia por el sector social para que, en caso de empate en licitaciones, se prioricen las entidades sin ánimo de lucro.

Sanidad elaborará también, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997, que será elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes.

"Un triunfo de la sociedad civil"

Según explicó la ministra, la nueva norma no pretende acabar con toda colaboración público-privada, sino impedir que la externalización se utilice "por capricho o ideología". García insistió en que lo privado deberá quedar reservado para escenarios donde quede acreditado que la gestión pública no es viable.

Desde el Ministerio sostienen que la ley responde a años de movilizaciones en defensa de la sanidad pública y a las críticas sobre el aumento de conciertos sanitarios y derivaciones a empresas privadas. García calificó la iniciativa como "un triunfo de la sociedad civil" y aseguró que servirá para "blindar" el sistema sanitario frente a intereses económicos y procesos de privatización.

El debate sobre la gestión sanitaria se ha intensificado en los últimos años, especialmente en comunidades como Madrid o Andalucía, donde la oposición denuncia un crecimiento de los conciertos y de la presencia de grandes grupos privados en hospitales públicos.