Las claves de la ley del Gobierno que limitará la publicidad institucional para que no se puedan "comprar medios"

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público, que fija que los medios de comunicación y plataformas no puedan recibir más del 35% de su facturación al año del sector público.

"La publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir en un medio de compra de medios", señaló el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Principales objetivos

Esta ley persigue fundamentalmente dos objetivos: transparencia e independencia. El primero, en palabras del ministro, se basa en "garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos para que sepan dónde van sus recursos y dónde se destina el dinero que pagan por sus impuestos". Se trata de "garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia".

También se aborda la independencia de los medios de comunicación con ese límite del 35%: "Entenderán que un medio privado que tenga un 50, 60 o 70% de financiación del sector público no es un medio de comunicación; eso será otra cosa", señaló al respecto.

Dicho límite se ha fijado tras consultar una serie de "informes internacionales que hablan sobre esta cuestión". Según el ministro, para la elaboración del texto normativo se ha hablado con el sector, aunque ha dejado claro que no sabe a quién va a afectar la normativa.

Otras novedades

Entre otras cuestiones, López también ha destacado el registro público de medios. Es decir, "los medios de comunicación tendrán que acudir a un registro para inscribirse en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

Por tanto, deberán hacer pública su denominación, los nombres de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre su funcionamiento y el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado.

Además, la norma establece un sistema transparente de medición de audiencias y pide también transparencia en las tarifas publicitarias que aplican los medios de comunicación. En este mismo sentido, marca que el Gobierno y las comunidades autónomas tendrán la obligación de dar a conocer una vez al año a dónde han destinado su inversión publicitaria. "Se hará un informe anual con toda la publicidad y con todos los datos para que los ciudadanos sepan a qué se destinan sus impuestos", ha subrayado.