En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal -Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro y Nicolás Poveda- únicamente considera probada la integración en ETA del principal acusado, el exdirigente etarra Luis Ignacio Iruretagoyena, "Suny", para el que el fiscal pedía la mayor pena, 72 años de cárcel, pero al haber sido ya condenado por un delito equivalente en Francia le aplica el principio "non bis in idem".
En cuanto a los otros tres acusados, Pedro María Olano Zabala, Gregorio Jiménez Morales y Juan María Múgica Dorronsoro, para los que el fiscal reclamaba 71 años de prisión, la Sala señala "la inexistencia de medio probatorio alguno" que acredite su participación en esos hechos.
Según la acusación del fiscal, con ocasión de las elecciones autonómicas que se iban a celebrar en el País Vasco el 13 de mayo de 2001, ETA decidió matar a Aznar aprovechando los diversos desplazamientos que tenía que realizar durante la campaña electoral, lo que intentaron en tres ocasiones pero les falló el lanzamisiles.
El fiscal acusaba a Iruretagoyena de haber captado con este fin a los otros tres acusados y, como responsable del grupo, de haberse hecho cargo de la financiación que obtenía de ETA, de marcar los lugares de entrega del material a los comandos y de mantener los contactos con los etarras.