Uno de los investigados es Arturo Fernandez presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, quien en Antena 3 anunciaba la "devolución del dinero" gastado mientras a la vez afirmaba sentirse "engañado y dolido ya que en ningún momento supieron que eran tarjetas ópacas a Hacienda". Arturo Fernández también se mostraba dispuesto a regularizar su situación fiscal ante Hacienda.
El presidente de la CEIM y vicepresidente de la CEOE niega que los dos millones de crédito concedidos por Bankia fuera como cliente preferente, añade que era la renovación de un préstamo anterior garantizado con los bienes de su empresa.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha indicado que la Fiscalia analiza la transcendencia penal del escándalo. Desde los Técnicos de Hacienda se insiste en que además de la apropiación indebida, también podría haber delitos societarios, fiscales y contables cuando UPyD, partido que denunció el caso Bankia, ha solicitado acceso a toda la documentación del caso.