Tras el batacazo electoral de ERC, su candidato a la reelección para los comicios del 12M decidió abandonar la primera línea política y anunció que no recogerá el acta de diputado.
Pere Aragonès aseguró que ha tomado esta decisión por "responsabilidad y honestidad" y ahora iniciará "una nueva etapa", ya que los resultados del 12M han propiciado un "cambio de rasante" en el que el independentismo ya no suma una mayoría parlamentaria y Cataluña ha dado "un giro hacia la derecha".
Por lo tanto, a partir de ahora, pasará a ser el expresidente de la Generalitat número 132 y por ello tiene derecho a una asignación económica durante cuatro años y a una pensión vitalicia. Según indica el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, Aragonès tiene derecho a una asignación económica, que supone el 80% del salario que recibía como presidente. Así, Aragonès recibirá 9.079,50 euros al mes, es decir, 108.942 euros anuales.
Además, el Estatuto especifica que esta asignación económica se recibirá "por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura", es decir, cuatro años.
Como expresident de la Generalitat, Aragonès también tendrá derecho a una pensión vitalicia del 60% de su salario, que podrá ingresar este dinero al cumplir los 65 años y será una cantidad de 6.808,85 euros mensuales, es decir, 81.706 euros al año.
Pere Aragonès también tiene derecho a otros beneficios institucionales como optar a una dotación presupuestaria destinada a cubrir los gastos de una oficina personal, así como el apoyo de tres empleados con rango de personal eventual.
Además, tiene derecho a un coche oficial con chófer y servicio de seguridad.
El expresidente puede renunciar total o parcialmente a la asignación económica y la pensión vitalicia, tal y como recoge, la Ley 6/2003, de 22 de abril. Por otro lado, el Parlamento de Cataluña tiene la capacidad de suprimir estos beneficios con un amplio consenso. Sería necesario el apoyo de dos tercios de los miembros de la cámara, es decir, el voto favorable de 90 de los 135 parlamentarios.