Pedro Sánchez ha anunciado una serie de medidas enfocadas a aliviar las presiones sobre los precios del alquiler mediante exenciones fiscales significativas para los propietarios que ajusten sus rentas según un índice de referencia oficial. Sin embargo, esta medida ha encontrado una fuerte oposición por parte de FACUA-Consumidores en Acción, que la considera un paso hacia atrás en la equidad y la justicia fiscal.
La nueva iniciativa del gobierno ofrece exenciones de hasta el 100% en el IRPF para los arrendadores que reduzcan el precio del alquiler respecto a contratos anteriores, independientemente de si la zona está declarada como tensionada o no. Esta medida pretende emular el éxito parcial de exenciones existentes, que ya permiten descuentos fiscales del 70% al 90% en determinadas condiciones.
FACUA, sin embargo, ha levantado la voz contra lo que considera una indulgencia fiscal injustificada. Según la asociación, cualquier beneficio económico derivado del alquiler de propiedades debería estar sujeto a tributación, ya sea como rendimiento del capital inmobiliario o de actividad económica. Argumentan que las exenciones propuestas no solo perpetúan el rentismo, promoviendo la idea de la vivienda como una mera inversión lucrativa, sino que también contradicen el principio de que todos los ingresos deben contribuir al sistema fiscal de manera justa y equitativa.
Aunque FACUA reconoce aspectos positivos en las políticas anunciadas, como la protección de la vivienda pública frente a la especulación y la transferencia de viviendas del banco malo a la gestión pública para alquileres sociales, considera estas acciones insuficientes. La asociación insiste en la necesidad de medidas más audaces, como la expropiación temporal de viviendas vacías en manos de grandes tenedores para su uso social, así como un marco legal que proteja a los inquilinos de prácticas abusivas y garantice su estabilidad residencial.
FACUA insta al gobierno a reconsiderar su enfoque hacia políticas que no solo alivien la presión sobre los precios del alquiler, sino que también aseguren un acceso equitativo y sostenible a la vivienda para todos los ciudadanos.