Crisis de la vivienda: Europa plantea restringir plataformas como Airbnb y la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

La crisis en materia de vivienda sigue siendo un problema que afecta a una gran parte de la población europea. Con el paso de los años, las dificultades para acceder a un inmueble se han agravado, algo que ha obligado a la Comisión Europea a intervenir.

Este miércoles, el organismo europeo ha presentado un escudo legal que permitirá a las ciudades restringir determinadas modalidades de alquiler turístico cuando puedan demostrar que su mercado residencial se encuentra tensionado.

Las autoridades locales tendrán la posibilidad de limitar la actividad de plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb o la compraventa de segundas viviendas, eso sí, siempre dentro de unas políticas adaptadas a cada caso.

Tal y como ha informado Jacobo Regoyos, periodista de esta casa, la idea es definir los criterios que permiten determinar dónde hay problemas de acceso a la vivienda, en qué zonas y, una vez se cumplan los criterios, los ayuntamientos podrán limitar la proporción de alquileres turísticos o la venta de segundas residencias.

Un límite temporal

La propuesta, enmarcada en la Ley de Vivienda Asequible, ha sido presentada por la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, en la Comisión Europea.

Esta nueva medida, que aún debe ser negociada, no supone un aval a ninguna prohibición ni restricción generalizada, sino que establece una metodología con la que las autoridades locales puedan demostrar con datos que la actividad en cuestión está teniendo un efecto negativo en el mercado inmobiliario local.

Por ello, las administraciones que tomen medidas deberán demostrar que las tensiones en el mercado de la vivienda o su impacto en la asequibilidad o disponibilidad de viviendas se da durante al menos tres años.

Asimismo, deberán reflejar que la respuesta diseñada es proporcionada y que otras alternativas menos restrictivas no serían igualmente eficaces.

En este sentido, cualquier acción tendrá una vigencia máxima de cinco años, aunque durante este tiempo se podrá revisar periódicamente cada acción en base a nuevas evaluaciones siguiendo la misma metodología.

El objetivo de la nueva regulación

Desde la institución europea aseguran que el objetivo de esta nueva regulación es preservar un contingente de viviendas para que sean hogares permanentes y no se conviertan en un producto para la especulación. Sin embargo, las formaciones políticas de derechas se han mostrado contrarias a la propuesta.

"Cuando el mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar. Con la Ley de Vivienda Asequible, estamos brindando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles tomar medidas y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo", ha explicado Teresa Ribera.

Planes para acelerar la vivienda

El paquete también incluye una recomendación no vinculante que insta a las autoridades a elaborar "planes de aceleración de la vivienda" en zonas tensionadas o en riesgo de estarlo.

En este sentido, la Comisión ha solicitado agilizar la concesión de permisos, mejorar el uso del suelo y fomentar la renovación y reconversión de edificios existentes, así como el aprovechamiento de viviendas y suelos vacíos o infrautilizados, con especial atención a la vivienda social y asequible.

Además, Bruselas ha reclamado reforzar la capacidad del sector de la construcción y hacer pleno uso de los instrumentos de financiación de la UE y nacionales, incluidas las normas sobre ayudas de Estado.