La Comisión Europea ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá a España canalizar y movilizar casi 95.000 millones de euros de fondos 'Next Generation EU' hasta 2026.
En concreto, España recibirá más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales a fondo perdido y hasta 83.000 millones de euros en préstamos de los programas 'Next Generation EU' y 'RePowerEU'. Ahora, una vez que Bruselas ha dado luz verde a la adenda, se abre un plazo de un mes para que el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea ratifique la decisión.
La Comisión Europea ha valorado de forma positiva el plan porque "permite hacer frente a los nuevos desafíos" del contexto internacional y energético, y supone "una respuesta adecuada y equilibrada a la situación económica y social". En este sentido, Bruselas calcula la adenda "tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025", sin incluir de modo explícito el impacto positivo de las reformas estructurales.
Así, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha celebrado este "paso importante" para poder tener "un crecimiento más fuerte y también más sostenible en los próximos años". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se abre ahora una fase del "extraordinario proyecto de reindustrialización y modernización de la economía" española.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos resaltan que "el despliegue del Plan de Recuperación está siendo decisivo en el crecimiento y el cambio estructural de la economía española, favoreciendo el incremento de casi un 5% de la inversión, especialmente relacionada con la transición verde y digital, aumentando la productividad y competitividad de las empresas españolas, situando a España a la vanguardia en digitalización e impulsando la estabilidad en el empleo y el aumento de la ocupación en sectores de alto valor añadido".
El análisis de la Comisión recoge nuevas medidas y la modificación de algunos hitos y objetivos, entre ellos, la implantación de peajes en las carreteras y autopistas del Estado.
Este sistema de pago por uso estaba acordado en el plan inicial y se preveía que entrará en vigor en 2024. Sin embargo, el Gobierno propuso la sustitución de esta medida por más ayudas al transporte de mercancías, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
Bruselas finalmente ha dado luz verde a esta modificación porque considera que "el nivel de ambición" de la reforma se mantiene "inalterado".