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Renfe y la Junta de Extremadura ultiman el acuerdo de Obligación de Servicio Público con algunas mejoras

Las OSP se fijan con criterios sociales, medioambientales y de vertebración del territorio y la no rentabilidad económica se cubre con subvenciones públicas.

Redacción

Extremadura |

Imagen de un tren al paso por la estación de Mérida | laSexta.com

La Junta de Extremadura y Renfe están ultimando las condiciones del acuerdo de Obligación de Servicio Público (OSP) que incluirá algunas mejoras para la región, tal y como ha señalado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo.

Martín Castizo ha recordado que en ese nuevo acuerdo se incluirán mejoras que ha habido en la red ferroviaria como, por ejemplo, la electrificación entre Plasencia y Badajoz, o el incremento de la demanda de viajeros que han tenido ciertas rutas, como es la de Llerena, que eso hace que esa línea deje de ser deficitaria y, por lo tanto, pueda ser también introducida en el nuevo contrato de OSP.

"Todo ello conllevará, en cierto modo, un abaratamiento del coste para la Junta de Extremadura en esa Obligación de Servicio Público con Renfe, "en cuyo acuerdo no se incluyen mejoras en el material rodante que afecta al día a día de los viajeros", según ha explicado el consejero este jueves en Cáceres a preguntas de los medios antes de participar en la clausura del proyecto Life ReNaturalNZEB que ha analizado nuevos materiales para la construcción.

Cabe recordar que los servicios ferroviarios que no resultan rentables desde el punto de vista económico, pero sí desde otros puntos de vista, el Estado los califica como Obligación de Servicio Público (OSP) y los subvenciona.

La Administración General del Estado es la encargados de decidir qué trayectos han de ser considerados Obligación de Servicio Público (OSP), y de fijar sus condiciones y tarifas, y así el usuario paga menos de lo que cuesta prestar el servicio, y la diferencia se cubre con subvención pública.

Las OSP se fijan con criterios sociales, medioambientales y de vertebración del territorio y la no rentabilidad económica se cubre con subvenciones públicas.