SMI

Extremadura reclama al Gobierno 3 millones para mantener el empleo de personas con discapacidad por el "impacto" del SMI

Extremadura recibe anualmente 26 millones de euros para este fin, que permiten subvencionar el 75 por ciento de los costes de las más de 5.000 personas que trabajan en estos centros.

Redacción

Extremadura |

Extremadura reclama al Gobierno 3 millones para mantener el empleo de personas con discapacidad por el "impacto" del SMI | Junta de Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha reclamado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una partida adicional de 3 millones de euros con el fin de mantener los costes salariales de los puestos de trabajo que dependen de los 220 centros especiales de empleo de la región.

La comunidad autónoma de Extremadura recibe anualmente 26 millones de euros para este fin, que permiten subvencionar el 75 por ciento de los costes de las más de 5.000 personas que trabajan en estos centros, de los cuáles el 70 por ciento tienen una discapacidad intelectual.

Sin embargo, debido a los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Internacional, que ha sido del 50% desde 2018, hasta los actuales 1.134 euros, los costes salariales se han incrementado, sin que hayan venido acompañados del correspondiente aumento de las transferencias del Estado debido a las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.

El consejero, en una rueda de prensa en Mérida, acompañado por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Extremadura Pedro Calderón, y su vicepresidente, José Manuel Cercas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al colectivo, al señalar que, en caso de que el ministerio no atienda su petición, en línea con las del resto de comunidades autónomas, hará "lo que sea necesario" para mantener el empleo de las personas con discapacidad.

Santamaría ha señalado que las sucesivas subidas del SMI suponen un "avance" que "ha mejorado las condiciones laborales de muchas personas, sin lugar a dudas", pero también ha generado un "aumento significativo en los costes de personal de estas entidades".

Un aumento que "no se ha acompañado de los incrementos correspondientes en las transferencias del Estado", que no han tenido en cuenta esta "evolución". En concreto, ha señalado que en los dos últimos años el importe procedente de la Conferencia Sectorial de Empleo para el Mantenimiento del Empleo de Personas con Discapacidad en Extremadura no se ha incrementado.

En la última, el pasado 21 de mayo, el consejero se dirigió a la ministra de Trabajo para reclamarle 3 millones de euros adicionales para cubrir el incremento de costes de las subvenciones. Una petición que ha vuelto a cursar este pasado martes, en esta ocasión por escrito, donde le detalla a Yolanda Díaz que si la comunidad no dispone de estos fondos adicionales "se quedarían sin subvencionar más de 300 personas con discapacidad".

Y es que, tal y como ha indicado, estos centros desempeñan un "papel esencial" en la inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente en las zonas rurales, ofreciendo "empleo protegido y atención social a colectivos vulnerables", pero su sostenibilidad depende en "gran medida" de las subvenciones públicas.

El consejero ha expresado el compromiso de la Junta de Extremadura con la inclusión y la equidad, de modo que si el ministerio concede estos 3 millones de euros adicionales, establecerá los "mecanismos de revisión" de las subvenciones para adaptarlas a las subidas del salario mínimo interprofesional, a través de un "diálogo constante" con las entidades para evaluar "el impacto de los cambios regulatorios y laborales", a la vez que se incorporarán "medidas de adaptación en las convocatorias de ayudas para garantizar su eficacia y asegurar el acceso equitativo a estos servicios en todo el territorio".

El objetivo del gobierno regional es "evitar que las entidades tengan que reducir contratos, acortar su duración o limitar los perfiles profesionales que incorporan", ha subrayado, porque Extremadura no se puede "permitir" que el progreso social se traduzca en "desigualdad territorial o en la pérdida de oportunidades para quienes más lo necesitan".