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La LXXXV Conferencia sectorial de Empleo y Relaciones laborales ha resuelto este jueves el reparto territorial de un total de 771.588.309 euros (con 36,44 millones para Extremadura) en ayudas para las políticas activas de empleo, que se suman a los 1.800.372.721 euros que ya se distribuyeron para las CCAA en la anterior Conferencia sectorial del 4 de abril.
El encuentro, presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya tenía el importe aprobado desde el 2 de julio por el Consejo de Ministros.
Así, se ha determinado que Cataluña reciba 127.218.105 euros; seguida de Andalucía, con 122.582.862; Comunidad de Madrid, con 106.084.071; Comunidad Valenciana, con 70.505.906; Galicia, con 56.648.936; Islas Canarias, con 47.148.786; Castilla y León, con 46.836.882; Castilla-La Mancha, con 38.469.578; Extremadura, con 36.440.880; Aragón, con 26.834.580; Asturias, con 25.458.895; Murcia, con 22.509.069; Islas Baleares, con 19.231.485; Cantabria, con 11.303.559; Navarra, con 10.078.918; y La Rioja, con 4.235.797.
Acorde a la nota de prensa emitida, 427.290.075 euros irán a la gestión por las Comunidades Autónomas de Servicios y Programas de Políticas Activas de Empleo (Empleo y Formación), 190.081.890 euros serán para las iniciativas de formación en alternancia en el empleo, otros 132.166.344 euros se derivarán a iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo, y 22.050.000 euros para la modernización de los servicios públicos de empleo.
Díaz ha recordado que, en el ámbito del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2024 y con el objetivo de reforzar las políticas activas para las personas mayores de 52 años en paro, se ha reservado en los fondos distribuidos en la anterior conferencia sectorial una cantidad de 633 millones de euros.
Igualmente, esta cantidad persigue el establecimiento de objetivos cuantitativos por parte de las CC.AA., la incorporación del objetivo de la mejora de la empleabilidad y la voluntad de impulsar la consolidación y profesionalización del personal orientador laboral en toda la red de los servicios públicos de empleo.
"Gracias a todas las comunidades autónomas por evaluar y compartir lo que funciona bien y también lo que merece ser corregido. No podemos olvidar de que se trata de cantidades importantes para la vida de muchas personas que necesitan que destinemos los recursos necesarios para mejorar su empleabilidad", ha concluido Díaz.