Desahucian a Daniel, investigador de la UV, de su casa en Burjassot: "Es una pesadilla. Me he sentido acorralado"

"Quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil. Solo he intentado hacer valer mis derechos". Así se ha expresado Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, que ha sido desahuciado este jueves de su casa en Burjassot después de que el proceso fuese paralizado el pasado 30 de septiembre y tras diez años peleando por evitarlo.

En unas declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, ha relatado que el dispositivo policial se ha adelantado "tres horas y media". El desahucio estaba previsto a las 09.30h, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las 06.00h de la madrugada y ha cortado los accesos de la calle con ocho furgones. Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar" y abandonar el inmueble.

"Me he sentido acorralado, como si fuese un terrorista. Es una pesadilla que no le deseo a nadie", ha afirmado.

¿Cuándo empezó todo?

Daniel llegó a la vivienda en 2009 como estudiante con un alquiler compartido de 594 euros. A lo largo de los años, se quedó solo y a causa de la crisis, el entonces propietario, añadió anexos que rebajaban el precio hasta los 350 euros. Más tarde, se firmó otro nuevo que establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros y el derecho al tanteo y retracto, según relató Daniel hace unas semanas.

La empresa, tres años después, entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados. El piso salió a subasta pública en 2017 y Caixabank lo adquirió a través de la sociedad participada, Coral Homes S.L, que demandó a Daniel por ocupar ilegalmente la vivienda. Tras en 2018 ser informado por el administrador concursal de no ingresar más alquileres al juzgado y en 2020, presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y pagar de nuevo, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023 y en 2025 vendió el piso por mucho más de 71.0000 euros a una propietaria particular. Después de haberle dado la razón en las dos sentencias anteriores, esta última demanda condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas --por la diferencia entre los 494 euros y los 350 euros sin "contar modificación"--.

El Sindicat d'Habitatge ha recordado que el desahucio se ha producido mientras "hay un real decreto que en teoría prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos". Además, acusa a la inmobiliaria de "engañar y vender la casa, de manera que se han vulnerado los derechos de Daniel, y además, la justicia lo ha permitido".

En este sentido, ha manifestado que hay dos recursos en marcha, uno de queja para elevar la situación al Tribunal Supremo y otro de reposición, ya que "no se han aceptado los diez días hábiles que tenía para intentar que los recursos llegaran a máximo término posible". "Intentamos que se demuestre que hay una falsedad procedimental porque se han negado los derechos de una persona que tiene reconocido su derecho a compra y su contrato de alquiler, por lo que este desahucio no se debería de haber producido", ha reivindicado.

Para el Sindicat d'Habitatge, este procedimiento no ha acabado y esperan que tenga "más recorrido". Sobre la manera en la que se ha realizado, creen que se trata de "estrategias de desgaste a largo plazo" a la que ya se han enfrentado "muchas veces".

"Al final, por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa", ha concluido el portavoz.

Arellano ha apuntado en que se trata de un "ejemplo claro de la realidad de la crisis de la vivienda que sufren las trabajadoras", al tiempo que ha lamentado que la mayoría de la población está "más cerca de encontrarse en esta situación que de poder tener una casa".