Tendrá que esperar, al menos un año, que es el plazo previsto para la aprobación de un reglamento posterior. Ese reglamento marcará los niveles específicos para cada puesto, en función de la relación de cada funcionario con la ciudadanía. De esta futura ley quedan excluidos los docentes.
La aprobación de este texto había sufrido un retraso debido a discrepancias entre la consellería de la socialista Gabriela Bravo y la de Educación, de Compromís, que pedía una aplicación inmediata de ese requisito lingüístico. El requisito implica tener la acreditación oficial de que el funcionario conoce el valenciano y sabe expresarse en esa lengua.
La consellera de Función Pública, Gabriela Bravo ha presentado hoy el anteproyecto junto a la vicepresidenta Mónica Oltra. Ha sido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Bravo ha negado que haya existido conflicto con Compromís en la aprobación de la norma.
La consellera Bravo añade que la valenciana era la única autonomía con lengua cooficial que no poseía hasta el momento una norma que obligara a los funcionarios a conocer el valenciano.
Una comisión de expertos elaborará el reglamento del requisito lingüístico mientras la ley se tramita en les Corts. Necesitará un informe favorable de la dirección general de Política Lingüística de la Consellería de Educación, dirigida por Compromís.