La Patronal FICE pide “flexibilidad” para las pymes de calzado en la aplicación de la Ley de Morosidad
Porque es “crucial” para que no se “perjudique injustamente” a las mismas
Elche |
La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha alertado este lunes que el nuevo reglamento contra la morosidad que está tramitando la Unión Europea (UE), dificultará “aún más las cosas” a las empresas del calzado “que ya están sufriendo desde 2022 las consecuencia de la Ley Crea y Crece, del Gobierno de España”, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad que establece en 30 días el plazo máximo de pagos y 60 si hay acuerdo entre las partes.
La Patronal del sector calzado incide en que, por su naturaleza exportadora, las empresas zapateras tienen más difícil que las de otros sectores cumplir con el periodo de pago de 30 días, ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus periodos medios de cobro también son muy elevados.
Ante esa situación, FICE reclama un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional.
Para FICE el reglamento que plantea en la Unión Europea, en las condiciones en las que se quiere aprobar, “pone en serio peligro la viabilidad de las empresas zapateras”.
“Si bien el nuevo Reglamento de Morosidad busca mejorar las prácticas comerciales, su aplicación sin considerar las particularidades de las pymes del calzado podría tener consecuencias negativas, afectando su capacidad para competir y prosperar en un entorno económico desafiante”, ha asegurado Marián Cano, secretaria general de FICE que ha añadido que “la flexibilidad y la consideración de circunstancias específicas son cruciales para garantizar que las medidas adoptadas no perjudiquen injustamente a las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado”.
La secretaria general de la Patronal zapatera ha valorado que el impacto de la nueva norma que se proyecta desde Bruselas “será mayor para las medianas industrias, ya que la imposición de plazos de pago más cortos podría tener un impacto desproporcionado en las mismas porque en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos. Por el contrario, esto podría favorecer a las grandes corporaciones con recursos significativos.