El Ayuntamiento de Elche actúa sobre dos campas de vehículos en Saladas y El Altet con alrededor de 500 coches
Las dos instalaciones ocupan una superficie total de 10.000 metros cuadrados
El Ayuntamiento de Elche ha cerrado dos campas de vehículos situadas en las pedanías de Saladas y El Altet, que ocupan una superficie conjunta de 10.000 metros cuadrados y albergan alrededor de 500 vehículos.
En el caso de la campa de mayor tamaño, que cuenta con más de 300 vehículos, el consistorio ha procedido a su clausura y ha concedido a los responsables un plazo de 15 días para completar la retirada de los coches que permanecen en el interior de las instalaciones.
Durante este periodo, la campa no podrá desarrollar su actividad comercial ni realizar nuevas operaciones, ya que el plazo concedido tiene como única finalidad permitir el desalojo de los vehículos existentes.
Por otra parte, la segunda campa, de menor tamaño, se encuentra ubicada en una propiedad privada vinculada al domicilio de una persona. En este caso, el Ayuntamiento ha notificado la actuación a los responsables de la instalación.
Sin embargo, ante la negativa a permitir el acceso de los agentes de la Policía Local de Elche a la propiedad, los servicios municipales verificarán la información sobre la existencia de coches y llevarán a cabo las actuaciones, a través de los servicios jurídicos.
Estas actuaciones se enmarcan en el dispositivo de inspección, control y regularización de las campas de vehículos existentes en el término municipal, especialmente en el entorno del Aeropuerto de Alicante-Elche 'Miguel Hernández', con el objetivo de frenar "la proliferación de instalaciones que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa".
Con estas nuevas actuaciones, el consistorio ha clausurado cuatro campas de vehículos y ha iniciado los trámites para solicitar autorización judicial para clausurar una quinta. En conjunto, las instalaciones afectadas por las actuaciones municipales albergan o han albergado más de 4.000 vehículos.
Además, el 23 de abril la junta de gobierno local aprobó una moción para impedir la apertura de nuevas campas de aparcamiento en el entorno del aeropuerto y, desde entonces, el Ayuntamiento ha intensificado las labores de inspección y vigilancia de este tipo de instalaciones.
En este sentido, desde abril y mayo se han inspeccionado más de cien campas de vehículos, con más de 50 por agentes de la Policía Local. Asimismo, desde el 4 de junio se han efectuado 46 requerimientos de regularización a los titulares de estas actividades.
Inspección
El procedimiento municipal comienza con la inspección de las instalaciones por parte de los servicios técnicos y la Policía Local, que comprueban la actividad desarrollada, identifican a sus titulares y verifican la existencia de las correspondientes autorizaciones.
Posteriormente, se requiere a los responsables la presentación de una memoria descriptiva de la actividad y un certificado técnico que acredite el cumplimiento de las condiciones exigibles, para lo que disponen de un plazo de tres meses.
Una vez examinada la documentación y concedida la audiencia a los interesados, el consistorio estudia cada caso de manera individualizada y adopta las medidas administrativas correspondientes, que pueden incluir la clausura de aquellas instalaciones que incumplan los requisitos establecidos.
En aquellos casos en los que sea necesario acceder a espacios protegidos por la inviolabilidad del domicilio y no exista consentimiento de sus titulares, el Ayuntamiento debe solicitar la correspondiente autorización judicial para ejecutar las actuaciones que requieran dicha entrada.
Plan especial para regular las campas
De forma paralela, la administración local ha remarcado que ya trabaja en la elaboración de un plan especial para ordenar y regular la implantación de estas actividades en el término municipal ilicitano.
El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 1998, no contempla expresamente este uso de aparcamiento en suelo no urbanizable entre las actividades autorizables mediante declaración de interés comunitario.
Por ello, el nuevo instrumento urbanístico busca determinar las zonas en las que podrán desarrollarse estas actividades y establecer las condiciones necesarias para garantizar "su adecuada integración territorial, ambiental y paisajística".
El Ayuntamiento pretende mantener así las actuaciones de inspección y control, con el fin de garantizar "el cumplimiento de la legalidad urbanística", evitar "la proliferación desordenada de campas" y compatibilizar "la actividad económica con la protección del territorio y el interés general".