Un juzgado de Madrid admite a trámite la querella contra Sofía Puente por prevaricación en la ley de nietos
En contra de la posición de la Fiscalía, el juzgado acepta investigar a la hermana de Óscar Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El Constitucional rechaza el recurso contra la decisión del Supremo sobre la ley de nietos
Madrid |
El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, por un delito de prevaricación administrativa en la llamada ley de nietos.
La decisión llega después de que el Ministerio de Justicia incluyera una instrucción donde se ampliaban los supuestos que permitían a los descendientes de exiliados obtener la nacionalidad española.
Además, la admisión a trámite se produce después de que la Fiscalía dejará clara su posición de no investigar la polémica instrucción de la hermana de Óscar Puente.
De esta forma, el auto emitido este miércoles expone que los hechos relatados en la querella de Hazte Oír "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa".
Las alegaciones de Hazte Oír
La acusación de Hazte Oír contra Sofía Puente se basa en la supuesta alteración de la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa. Según recogió la asociación en su querella, la norma estableció el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país que sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, la instrucción acordada en 2022 ampliaba a que cualquier español que hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fuera considerado exiliado automáticamente y, por tanto nacionalizado. Así, la medida eliminaba la obligación legal de tener que probar que sufrieron persecución política o ideológica.
Su defensa alega la imposibilidad de investigar
La representación de la secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia advirtió de que no se le podía investigar porque en 2024 existieron dos causas contra ella en torno a la instrucción de la "ley de nietos" y una de ellas acabó cerrándose al considerar que o cabía "una injusticia clara y manifiesta".
Sin embargo, la jueza Inmaculada Lova ha admitido la querella y ha dado 10 días a Hazte Oír para que "alegue lo que considere pertinente" respecto a los escritos donde la fiscal madrileña y la alto cargo del Ministerio de Justicia defienden que se trata de algo "ya juzgado" hace dos años sobre la que no se puede volver.
La polémica con la ley de nietos
Tras la instrucción de Sofía Puente, el Supremo decidió suspender de manera cautelar el derecho a voto de todos los beneficiados por la ley de nietos. Una suspensión con la que no ha estado de acuerdo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la suspensión.
No obstante, el juzgado de Madrid ha interpretado que existen indicios de que Sofía Puente, como directora general del Ministerio de Justicia, habría podido "reescribir la ley", tal y como aparece reflejado en la querella.
"La Instrucción no interpreta la ley; la reescribe. Y la reescribe mediante un artificio gramatical que es, por sí mismo, expresión cualificada de la conciencia con que se actúa: para sostener la lectura alternativa de la Instrucción necesita romper la sintaxis del precepto, separar lo que el legislador unió y unir lo que el legislador separó. Esa opción, requerida para llegar al resultado pretendido, acredita el carácter deliberado del apartamiento de la ley", reza la querella.
Justicia "lamenta" el uso de las instituciones de la ultraderecha
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han lamentado la "utilización de las instituciones" por parte de asociaciones de la ultraderecha para perseguir "política, social y judicial" contra cargos públicos.
Según han apuntado, el objetivo es "minar la confianza en nuestro sistema, recortar derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con los valores progresistas y democráticos".