A pesar de esta sentencia, la portavoz de la PAH, Maria Jesús Garrido, ha indicado que lo impedirán hasta que la familia consiga una alternativa habitacional. Según Garrido, la mujer compró engañada un acceso a esa vivienda que no era propiedad de aquel vendedor sino de un banco. La portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca ha explicado que el ayuntamiento de Castellón está realizando un estudio sobre el centenar de viviendas que posee en bienestar social y culpa de la situación al anterior equipo de gobierno. Para Garrido tanto el gobierno central como el autonómico, hacen poco en esta cuestión.