Álvaro y María llevan desde 2015 viviendo en su casa de la calle Bañuls, en el barrio de Altozano, en régimen de alquiler. La vivienda era antes propiedad de un particular, pero después de un proceso de ejecución hipotecaria y la subsiguiente subasta, fue comprada por un fondo buitre, a pesar de estar ellos dos viviendo en el piso con contrato vigente.
Alrededor de las 8 de la mañana la Policía ha llegado al pasaje para acordonar la zona. También lo han hecho los miembros del Sindicat Barri de Carolines, que se han manifestado desde primera hora para tratar de paralizar el lanzamiento. Finalmente, tras la llegada de la comisión judicial alrededor de las 9:30, se ha informado del aplazamiento del desahucio.
Luchar por un derecho a la vivienda real y defender colectivamente a las personas que pueden quedarse sin casa por el hecho que este derecho no existe en la práctica
Álvaro tiene una discapacidad en el brazo que no le permite trabajar, por lo cual los ingresos que recibe la familia son insuficientes para poder alcanzar el pago del precio de alquiler de otra vivienda tal y como está ahora el mercado. Cuentan con el Informe de Vulnerabilidad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y han solicitado también el Informe de Emergencia Habitacional a través del EVHA, pero este último todavía está tramitándose.
El Sindicat de Barri de Carolines se ha movilizado hasta lograr el aplazamiento del desahucio, que se prorroga aún sin fecha. El Sindicat de Barri de Carolines continúa así con la tarea que se plantea como objetivo: "luchar por un derecho a la vivienda real y defender colectivamente a las personas que pueden quedarse sin casa por el hecho que este derecho no existe en la práctica".