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El Ejecutivo madrileño ha sido el primero en adaptar la convocatoria de ayudas para autónomos afectados por la Covid-19, atendiendo a las modificaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Economía.
Estas ayudas directas buscan “la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado”, pues van destinadas a aquellas empresas no financieras y autónomos afectados por la covid-19 con domicilio fiscal en España o “entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente”.
Según se recoge en el Real Decreto, la primera de estas modificaciones hace referencia al plazo de presentación de las solicitudes, pues queda ampliado hasta el 30 de septiembre, cuatro meses más de lo inicialmente propuesto.
Asimismo, queda ampliado también su periodo de cobertura, que cubrirá ahora las deudas y los costes fijos contabilizados de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.
En este sentido, se incluyen como costes fijos las pérdidas contables generadas durante esos meses y, por lo tanto, podrán destinarse a “satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos”.
El importe mínimo que los autónomos de la Comunidad de Madrid podrán recibir como subvención es de 4.000 euros, a no ser que la solicitud “fuera por un importe inferior”.
En referencia a los destinatarios de estas ayudas, podrán beneficiarse de ellas un total de 176 sectores productivos, entre los que se incluyen peluquerías, centros de estética, autoescuelas, farmacias o guarderías, entre otros.
Tal como especifica el Ejecutivo madrileño, el presupuesto del que dispone la región para paliar los efectos negativos que el coronavirus haya podido ocasionar entre los autónomos asciende a 899 millones de euros.
De estos, 220 millones proceden de fondos propios, mientras que la cantidad restante, 679 millones concretamente, será subvencionada por el Estado.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha recibido hasta la fecha un total de 37.554 solicitudes de las que se han abonado cerca del 60%, lo que supone un gasto de 410 millones de euros del presupuesto.