El acuerdo Comuns-PSC prevé "no facilitar" el Hard Rock y límites a la B-23 esta legislatura
El PSC siempre había defendido el Hard Rock y el Cuarto Cinturón, y la oposición de los Comuns a apoyar el proyecto de Presupuestos que presentó el Govern de Pere Aragonès para este año si se impulsaba el primero de ellos fue lo que precipitó la celebración de elecciones en Catalunya.
Los Comuns y PSC han cerrado un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat que prevé que el Ejecutivo catalán "no facilitará" proyectos como el macrocasino del Hard Rock y que en esta legislatura no se impulsará el Cuarto Cinturón hasta Granollers (Barcelona).
Así lo recoge el documento que ha explicado este miércoles la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el Consell Nacional de la formación, que no incluye aspecto alguno sobre la posible ampliación del Aeropuerto de Barcelona – El Prat.
"Nos dijeron que no era posible, pero dijimos que Catalunya no puede ser el casino de Europa, Las Vegas del Mediterráneo. Lo hemos conseguido. El Hard Rock no se hará en Catalunya", ha proclamado Albiach, tras añadir que también se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego.
El PSC siempre había defendido el Hard Rock y el Cuarto Cinturón, y la oposición de los Comuns a apoyar el proyecto de Presupuestos que presentó el Govern de Pere Aragonès para este año si se impulsaba el primero de ellos fue lo que precipitó la celebración de elecciones en Catalunya.
Por ello, ha celebrado que PSC y ERC se hayan acercado a sus premisas en dicho preacuerdo, en que se priorizan medidas en materia de vivienda, pero también para reforzar servicios públicos como la educación, sanidad y sobre transición ecológica.
En vivienda, han acordado impulsar un programa urgente de fomento de vivienda protegida y promover la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta 2030 para dar respuesta a la demanda de vivienda social y asequible, de los que 15.000 deberá impulsar el Incasòl.
El documento también contempla destinar, como mínimo, 350 millones de euros en los próximos cuatro años para ampliar el parque público de alquiler en 5.000 viviendas y que formen parte de "un plan de choque para dejar a cero las mesas de emergencia".
Modificar la LAU
Antes de acabar el año, ambos se comprometen a impulsar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para extender los derechos y deberes de los contratos de larga durada o residencia habitual a los contratos de temporada o por habitaciones: la durada máxima de un contrato de temporada será de seis meses.
Además, quieren aprobar un régimen sancionador para los que incumplan la regulación del precio de los alquileres, y que los ayuntamientos tengan mecanismos para que puedan desarrollar planes urbanísticos especiales y regular así la cantidad, zonificación y procedimiento para obtener la licencia para tener alquileres de temporada como actividad económica.
En otro punto del documento recogen que estudiarán la aplicación de un impuesto contra la especulación, quieren crear un registro de grandes tenedores para luchar contra las viviendas vacías y se comprometen a rehabilitar 150.000 viviendas en siete años para incorporarlas al parque de vivienda protegida.
Sexta hora y extraescolares
En educación, han pactado avanzar hacia el 6% de inversión pública; recuperar progresivamente la sexta hora en la escuela pública; implementar el servicio de comedor escolar en todos los centros; impulsar actividades extraescolares gratuitas, y todo ello de forma progresiva y gradual, así como garantizar la oferta pública y gratuita de los 0 a los 3 años en toda Cataluña e impulsar la Formación Profesional.
En sanidad, quieren reforzar la atención primaria y garantizar que la visita se produzca en un máximo de 48 horas; crear un psicólogo gratuito orientado a jóvenes y adolescentes en todos los municipios de más de 50.000 habitantes; desplegar el dentista público, y mejorar las condiciones laborales y salariales del sistema sanitario público.
El documento recoge otros puntos relacionados con derechos sociales, como la creación de 6.000 nuevas plazas residenciales, en centros de día y atención domiciliaria; la revisión de la estrategia catalana contra la pobreza infantil y aprobar la reforma de la Ley de la Renta Garantizada para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.
El acuerdo también prevé medidas para mejorar el autogobierno de Cataluña, un apartado en el que se comprometen a impulsar un nuevo acuerdo de financiación singular, una ley electoral, otra de gobiernos locales y de finanzas locales así como a "mantener los impuestos propios" de Sucesiones y Donaciones.