Subinspector del GAP insiste que hay testigos del caso Cursach que son policías y trabajaban como seguridad privada

Tomás ha declarado en primer lugar este miércoles ante el Tribunal después de que la Fiscalía le pida seis años y medio de cárcel por delitos de cohecho pasivo continuado y coacciones.

De este modo, el policía local ha subrayado que al menos cinco agentes del GAP compaginaban sus trabajo como policías con labores de seguridad en algunos locales del grupo Cursach a pesar de estar prohibido "taxativamente" por órdenes de la Policía Local.

Igualmente, ante preguntas del Ministerio Fiscal, ha subrayado que en el GAP solían trabajar en grupo y, "como mucho" eran unos 12 agentes en la actuación de un local nocturno, "no más de 40".

A continuación, la abogada de su defensa, Rosario Molina, ha pedido introducir una prueba sobre un local, que cambió de gestor antes de 2005. Sin embargo, el Tribunal ha anunciado que no la acepta a la espera que de que declare el testigo al que se refiere en el documento. El Ministerio Fiscal se ha opuesto a su admisión.

Seguidamente, Tomás ha rehusado que contratase a un policía local como empleado de seguridad en un local por 45 euros, cuando en el GAP se ganaba 50 euros la hora, consiguiendo así hasta 500 euros por toda una noche de trabajo con horas extraordinarias incluidas.

Antes de esta declaración, la abogada Teresa Bueyes, acusación particular en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra el fiscal del caso Cursach, Juan Carrau, después de que la magistrada titular del Tribunal, Samantha Romero, ha asegurado a la letrada que no va tolerar "ningún tipo de espectáculo".

Así de firme se ha expresado durante el juicio después de que los abogados de la defensa, en bloque, hayan manifestado protesta por una publicación realizada por la letrada en su Instagram personal en el que salen retratados y expresa que algunos deberían estar en el banquillo de los acusados.

Seguidamente, el Ministerio Fiscal ha recalcado que la letrada, con esta publicación, ha cometido dos infracciones disciplinarias. La primera es que se ha tomado imágenes sin la autorización del Tribunal y, la segunda, los comentarios son "vejatorios e injuriosos".

Por su parte, la letrada Bueyes se ha defendido denunciando la "mala fe procesal" porque ha indicado que la fotografía no estaba hecha por ella. Además, ha afirmado que se trata de su Instagram privado y, en concreto, se refieren al Ministerio Fiscal, al fiscal Juan Carrau, sobre el que ha anunciado que presentará una querella criminal.

"Estoy en mi derecho a la libertad de expresión y dentro del derecho a la información", ha afirmado, a la vez que ha indicado que no se refiere "a ningún compañero abogado".

Ante esto, la magistrada Romero, titular del Tribunal de la Sala, ha recalcado a Bueyes que no va a permitir que anuncie querellas "si pretende ejercer algún tipo de presión sobre el Ministerio Fiscal". En este sentido, ha continuado, "el Tribunal velará porque todas las partes de este procedimiento lo hagan con todas las garantías y difícilmente se puede hacer, si hace este tipo de anuncios".

La sesión ha sido interrumpida durante unos minutos después de que la abogada Bueyes haya dicho que se encontraba mal, mientras que el Tribunal de la Sala ha anunciado que tomarán "todas las medidas" para que "todo el mundo se va con libertad de ejercer sus funciones en un ambiente sosegado".

A mitad de la mañana, la jueza ha llamado al orden otra vez después de que el abogado de Bartolomé Sbert haya informado que Bueyes ha realizado otra publicación en Instagram sobre el fiscal Carrau, algo que la letrada ha negado. "Es falso, ahora mismo lo voy a denunciar en el Juzgado de Guardia. Me están falsificando las redes sociales".

Ante esto, la magistrada ha preguntado al fiscal si se siente perturbado por la situación, algo que ha negado, y ha aseverado que tomará sanciones "muy duras" si continúa la situación.