El pleno del Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes la toma en consideración de la modificación de la ley de capitalidad de Palma, que duplicará la aportación mínima del resto de administraciones al Ayuntamiento de la capital, de 30 a 60 millones de euros anuales. Han votado a favor PP, Vox y PSIB, mientras que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han rechazado iniciar la tramitación.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que el objetivo central de la reforma es mejorar la atención que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía, con más recursos para servicios como la seguridad, la atención a víctimas de violencia de género o el transporte. Además del aumento de financiación, la ley incluye mejoras en videovigilancia y en otros servicios municipales.
El punto más polémico ha sido la disposición adicional que permitiría al Ayuntamiento proponer al Govern reducir o incluso eliminar la reserva obligatoria de vivienda protegida en determinadas zonas de la ciudad. El PP ha garantizado que presentará enmiendas para mantener la reserva del 50% de VPO y vivienda de precio limitado para residentes de más de cinco años en Baleares, pero MÉS y Unidas Podemos han advertido que no se fían de ese compromiso. El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha calificado la medida de "una de las propuestas de especulación urbanística más salvajes que se han visto en Baleares".
El PSIB ha apoyado la admisión a trámite con la vista puesta en las enmiendas. Su diputado Iago Negueruela ha explicado que los socialistas ven la ley como una oportunidad para debatir el modelo de ciudad que quiere ser Palma, y ha avanzado que presentarán enmiendas para que el Ayuntamiento pueda declararse zona tensionada y limitar los precios del alquiler, algo que el PP ya ha descartado aceptar.