El juez da el primer paso para sentar en el banquillo a Julve por un desvío de fondos en la recogida selectiva
Pone fin a la instrucción de una de las numerosas causas que afectan a la extinta UM, tras dos años de pesquisas
El juez instructor del caso Cloaca, centrado en un presunto desvío de fondos del Consell de Mallorca por servicios de recogida selectiva de residuos, ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, tras dos años de instrucción de una de las numerosas causas que afectan a la extinta formación regionalista.
Mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, pone fin a la instrucción de este caso y da pie a la Fiscalía Anticorrupción para que pueda presentar su escrito de acusación, paso previo a la apertura de juicio oral, o por el contrario solicite el sobreseimiento de este procedimiento judicial.
El magistrado ha decretado asimismo que el proceso penal continúe contra el empresario Simón Galmés y la exsecretaria de Julve Coloma Castañer, así como para los también imputados César García y Miguel Rullán. Por el contrario, el juez ha acordado el archivo para, entre otros, la técnica del Consell María Morey, el exjefe de servicios del Departamento de Residuos Fernando Ruano y el exdirector insular Guillem Riera.
En concreto, la Fiscalía elevó a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada por trabajos no realizados por parte de la UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC Lumsa, mientras que un informe pericial del Consell la cifró en más de cinco millones (pese a que su autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado).
Por su parte, las empresas concesionarias alegaron por el contrario que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas en este proceso. Más en concreto, el informe aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad supuestamente sobrefacturada.