El Govern aprueba un plan de ajuste por 347,9 millones de euros

El Govern ha aprobado hoy un plan de equilibrio económico de Baleares que supondrá un ajuste de 347,9 millones de euros de los que un 75 % (263 millones) supone reducción del gasto y el 25 % (83 millones) procede de subida de impuestos, un plan de lucha contra el fraude y la venta de patrimonio.

El Govern ampliará de 35 a 37,5 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios, suspenderá algunos de sus complementos salariales, anulará la contratación de interinos, suprimirá el Consejo Económico y Social, cerrará el Hospital General y el Joan March (ambos socio-sanitarios), venderá patrimonio público e introducirá capital privado en la radiotelevisión autonómica IB3.

El plan ha sido presentado hoy por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por todos los consellers y que se ha celebrado tras el Consell de Govern extraordinario en el que se han aprobado las medidas que contiene.

Bauzá ha asegurado que prevé que con estas medidas el Ejecutivo mantendrá el control sobre la economía de las islas: "Baleares es una de las comunidades que tiene más deuda, pero estoy absolutamente convencido de que con este plan evitamos por completo que se pueda pensar que Baleares pueda ser intervenida".

El presidente ha dicho que este paquete de medidas supone el "cumplimiento estricto del objetivo de déficit" fijado en un 1,5 % y avanza hacia el equilibrio presupuestario, necesario tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

"Nos hemos aplicado en contener la maraña de deudas en que estaba sumida nuestra comunidad", ha dicho Bauzà, que ha anunciado que las medidas de ahorro e incremento de ingresos acordadas hoy se completarán con otras de impulso de la economía, destinadas a crear marco el adecuado para promover un crecimiento económico sostenible y que se presentarán en los próximos días.

El vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y Empleo, Josep Ignasi Aguiló, ha afirmado que el objetivo del plan es "enjugar las deudas que vienen del pasado" que supusieron una pérdida de competitividad.

Aguiló ha detallado que la comunidad debía ajustar su presupuesto en unos 350 millones de euros porque había un exceso de gasto en sanidad de unos 180 millones y en educación de unos 30 millones, a lo que se suma una disminución de los ingresos previstos de unos 190 millones de euros.

El 75 % de esa cantidad global se obtendrá de una reducción del gasto de 263 millones y el 25 % de un incremento de los ingresos que procederá de las medidas tributarias que entran en vigor mañana que reportarán 49 millones de euros, un plan de lucha contra el fraude cuantificado en 23 más y la enajenación de patrimonio de la comunidad hasta ingresar 11 millones.

El vicepresidente económico ha detallado que el grueso del ajuste vendrá de medidas de personal, ya que se reducen los beneficios laborales y en algunos casos se eliminan, lo que reportará un ahorro de unos 41 millones de euros en el conjunto de la comunidad, para la administración general y la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) en torno a 4,8 millones; en personal educativo 35 y en personal sanitario 26 millones.

De estas medidas, Aguiló ha destacado la reducción de los complementos de carrera profesional en el sector sanitario en un 32 % y la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas.

En gasto corriente, la Administración general reducirá 10 millones; el Ib-salut, 68; y educación algo más de 2 millones, hasta completar 81 millones.
Aguiló ha destacado también la reorganización de servicios sociosanitarios que está llevando a cabo Gesma y supondrá el cierre este año del hospital Joan March y en 2013 del Hospital General, cuyos pacientes pasan a redistribuirse entre Sant Joan de Déu y Cruz Roja.

También se suprimen el Consejo Económico y Social (CES) y el Consell de Joventut y se insta al Parlament y la Sindicatura de Cuentas a adoptar las mismas medidas en materia de personal que en la comunidad para ahorrar 0,7 millones.

Además se declara una indisponibilidad de crédito en el conjunto de conselleries de 74 millones de euros de gasto corriente que no podrán gastar y quedarán a disposición de la Vicepresidencia económica.