Gina Garcías, quien fue directoral general de Comunicación en la pasada legislatura, con Francesc Antich al frente del Govern, ha manifestado, durante su declaración como testigo en el primer juicio del caso Palma Arena, que el pago de 11.500 euros por parte del Ejecutivo balear al periodista Antonio Alemany para la elaboración y publicación de reportajes en la prensa deportiva nacional "implicaría haber hecho decenas y decenas de ellos", a pesar de que no hay constancia alguna de la realización de estos trabajos.
Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, quien durante la cuarta jornada de la vista oral le ha inquirido en torno al contrato menor que el Govern concedió a la empresa Consultores de Información de Baleares, administrada por Alemany, por la realización y publicación de estas noticias, a pesar de que no han sido hallados estos servicios.
Interrogada por estos hechos, Garcías ha incidido en que no han sido hallados estos reportajes, para cuyo pago el contrato fue tramitado por el exdirector general de Comunicación, Joan Martorell, siguiendo presuntamente instrucciones del expresidente Jaume Matas. Es más, ha llegado a considerar durante su intervención que Alemany "como cronista deportivo no tenía acreditado renombre".
Garcías ha señalado que cuando el juez instructor del caso Palma Arena solicitó a su departamento información sobre este expediente, acudió a los funcionarios para que lo buscasen en los archivos, pero cuando fue encontrado tan sólo constaba en él el encargo y la orden del pago, pero no el objeto del trabajo. Es más, ha aseverado que no hallaron "ningún acuerdo con medio de comunicación alguno para que pudieran ser publicados los reportajes".
Y es que, tal y como ha explicado, cuando alguien quiere ver publicado el contenido de una entrevista o reportaje entra en contacto con el medio en cuestión y se establece un contrato, pero en este caso no consta que sucediese así, lo que "no tiene sentido", según ha apostillado. Es más, ha manifestado que para que los trabajos se puedan pagar, debe haber un reflejo documental de que se han llevado a cabo, pero ni siquiera había en el expediente una fotocopia de la publicación.
En lo que se refiere a la factura ficticia que presuntamente presentó Alemany para reflejar los servicios como forma de obtener el cobro de fondos públicos, y que fue emitida el 4 de febrero de 2005 -tan sólo tres días después de iniciarse el expediente-, Garcías ha considerado que no le parece "normal" que todo se hiciese en este periodo de tiempo puesto que "en tres días no se pueden elaborar reportajes por un total de 12.000 euros".
"Redactar 40 resportajes en tres días es difícil", ha incidido la exdirectora general estimando las tarifas de cada uno de los trabajos.
Por su parte, la exsecretaria general de la Conselleria de Presidencia durante la pasada legislatura, Lourdes Aguiló, quien también ha testificado en el juicio, ha manifestado en la misma línea que cuando se analizó el expediente de contratación tampoco había constancia en su departamento de que el trabajo estuviera hecho.