Durante una vistilla celebrada este lunes en el Juzgado de Instrucción número 5, el fiscal Miguel Ángel Subirán ha expuesto los motivos por los que atribuye estos delitos a los inculpados, alegaciones a las que se han opuesto las defensas, quienes han solicitado el archivo de las pesquisas al alegar que no existen indicios de que sus patrocinados incurrieran en las anteriores conductas delictivas.
En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.
Al margen de la petición de sobreseimiento, algunas de las defensas han solicitado la nulidad del auto por el que la jueza Ana San José acordó transformar estas pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular, puesto que, según los abogados, la causa debería ser juzgada por un tribunal profesional.
Los letrados han alegado que en el relato de hechos que la magistrada realizaba en su auto, apuntaba a la posibilidad de que algunos de los imputados hubieran incurrido en un delito de prevaricación -ilícito cuyo enjuiciamiento debe ser llevado a cabo por parte de magistrados- si bien sin imputarles formalmente el mismo. Por el contrario, los delitos que sí les son imputados son competencia del tribunal del jurado.
Mientras tanto, el abogado del Consell de Mallorca, personado como acusación particular, ha solicitado que sea imputada como responsable civil la empresa Pamasa, con la que la Institución insular suscribió, el 24 de junio de 2004, el contrato para la ejecución de las obras.
Según la Fiscalía, después de que el Consell firmase el acuerdo con Pamasa -constituida un mes antes y que a su vez subcontrató los trabajos a la UTE investigada-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Así, según postula el Ministerio Público, se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.