Alzina estaba acusado a raíz del derrumbe del hotel Son Moll, que el 16 de diciembre de 2008 costó la vida de cuatro operarios y causó varios heridos. En su declaración, el inculpado reconoció que antes de que sucediera este siniestro sabía que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el edificio carecían de licencia.
La Fiscalía solicitaba nueve años de inhabilitación para el acusado, defendido por el letrado Gaspar Oliver y quien, durante el juicio celebrado el pasado mes de enero justificó que, pese a conocer que los trabajos se estaban ejecutando sin permiso municipal, era consciente de que las deficiencias detectadas se estaban subsanando y tan sólo quedaba pendiente la autorización de Costas y de Turismo. Cabe recordar que el juez ya condenó a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol por este siniestro así como dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y al jefe de obra Juan Bonet.
En el ámbito político, PP y oposición respetan la sentencia y coinciden en señalar que la Administración Pública ha de agilizar los trámites administrativos para conceder las licencias urbanísticas que sean urgentes. Por su parte, el diputado socialista Cosme Bonet enviaba un mensaje de apoyo al exalcalde de Capdepera y hacía la misma consideración que la popular.