Los 44 estudiantes que han sido condenados a pagar un total de 32.000 euros en multas por un delito de desórdenes públicos y una falta de lesiones en el marco de la protesta que el 22 de mayo de 2012 llevaron a cabo en el interior de la Conselleria de Educación en contra de los recortes, recurrirán la sentencia al aseverar que la Justicia "nuevamente ha vuelto a responder a intereses políticos" y "la represión refuerza las ganas de luchar".
Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios uno de los acusados, Joan Colomar, quien ha aseverado que pese al resultado del proceso judicial volverían a acceder a la Conselleria para protestar "contra la actitud despótica" del Govern, una actitud que "se ha agravado" y contra la que "hay que seguir luchando".
Colomar ha explicado que, de forma paralela, han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos que les permita hacer frente a los gastos judiciales, para lo cual han puesto a disposición de quienes estén interesados en ayudarles el número de cuenta 2056 0004 45 428003080.
Tal y como ha recalcado, los hechos por los que han sido condenados son "totalmente falsos", basados en testimonios "contradictorios", lo que supone "una nueva muestra de represión contra la protesta social por parte de un Govern que hace un uso interesado de la Justicia". "Lo único que se pretende con todo ello es poner freno a las protestas contra las políticas antisociales" del Ejecutivo autonómico, ha incidido.