Mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, la jueza Ana San José cita a los imputados y al Ministerio Público para que emitan sus alegaciones sobre los hechos indagados, tras haber acordado la transformación de esta causa de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular. En su resolución, la magistrada subraya que existen indicios suficientes de que los inculpados incurrieron en delitos continuados de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y fraude a la administración.
En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.
Tal y como recalca la jueza en su auto, después de que el Consell suscribiese el 24 de junio de 2004 el contrato para la ejecución de las obras con la concesionaria Pamasa -constituida un mes antes y que a su vez subcontrató los trabajos a la UTE investigada-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Así, según la resolución judicial, se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.