En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Vicens la pena más elevada solicitada hasta el momento para un exalto cargo de Unió Mallorquina (UM), hasta 19 años y tres meses de cárcel por las comisiones que presuntamente cobró, mientras era alto cargo del Consell, por sus gestiones en favor de las recalificaciones, sirviéndose de Metalumba como tapadera. Nadal se enfrenta, por su parte, a la petición un año de prisión y 15 de inhabilitación.
Junto a los dos exdirigentes de Unió Mallorquina (UM) también serán juzgados la mujer de Vicens, Antònia Martorell; la presunta testaferro de Vicens, Elisabeth Diéguez; el abogado Jaime Montis; el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners. Sobre los procesados pesan presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía, tanto Vicens como su mujer crearon la empresa Metalumba "con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos así como su verdadera riqueza", además de evitar su correcta tributación a Hacienda. De hecho, mientras ostentaba el cargo de conseller, la acusación sostiene que recibió unos 559.000 euros directamente, a través de su esposa o por medio de Metalumba, pagos que habrían sido realizados por Jaime Montis, entonces propietario único de Gestora de Desarrollo Son Oms.
Una sociedad que intervenía en la promoción y desarrollo del polígono industrial y cuya actividad "entraba en la esfera de las competencias que tenía la Conselleria que dirigía Vicens", tal y como relata la Fiscalía en su extenso escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Puesto que Metalumba carecía de actividad real, los diversos cobros que canalizó suponían "la dádiva o contraprestación que por las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones públicas haría Vicens para favorecer los intereses de la Gestora".
Y como trasfondo, la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, que salió adelante con la intervención de Nadal pese a tener "pleno conocimiento" de la arbitrariedad de la propuesta, y que permitió, según los investigadores, posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797.
Además de los 19 años y tres meses de cárcel para Vicens y el año solicitado para Nadal, la Fiscalía reclama 13 años y tres meses para Martorell; un año de prisión y quince de inhabilitación para Nadal; once años y cuatro meses de prisión para Diéguez; cinco para Montis; once meses para Martín y otros once para Leaners.