El alcalde de Sant Josep de Sa Talaia, Vicent Roig, aseguró ayer en una rueda de prensa que el consistorio se reunirá con el Govern balear para ver como se puede cambiar la ley y así que los habitantes del bloque B de los apartamentos Don Pepe no tengan que abandonar sus hogares.
En total, según explicó hace unos días en el Parlament balear la consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, en este bloque hay actualmente 48 familias de las cerca de cien que hay afectadas ya que es el único "donde realmente hay opciones reales de hacer una reforma" y por ello, el consistorio aseguró que está estudiando la posibilidad de que se pueda someter "a reformas de consolidación y que los afectados puedan seguir en su casa".
Además, la intención del equipo de Vicent Roig es también "reducir la merma y el mal que se le ha hecho a esta gente" y el impacto económico para la administración, porque la operación prevista por el anterior ejecutivo de la socialista Francina Armengol "ascendía a unos 20 millones de euros, entre costes de derribo de los dos bloques, la construcción de 100 viviendas nuevas y la recuperación y esponjamiento del terreno de es Codolar, donde se edificaron hace 60 años los Don Pepe, que han quedado dentro del Parque Natural de ses Salines".
Concretamente, según el alcalde de Sant Josep el cambio de ley afectará a este bloque B que cuenta con licencia de construcción pero que "supuestamente tiene una planta más que lo deja fuera de ordenación" y que es la que se pretende modificar en la normativa pero sin hacer urbanismo a la carta" y siempre garantizando que los vecinos afectados tengan "una vivienda digna, de acuerdo con la que tenían y en la que habían depositado su planificación de futuro".
Mientras, en el bloque A ya fueron desalojadas medio centenar de familias en diciembre de 2021 por riesgo de derrumbe inminente y según la consellera "no hay ningún tipo de autorización o licencia para la construcción" por lo que se mantiene para estos vecinos la propuesta inicial de construir un nuevo bloque en un terreno de Can Raspalls.
En este sentido Roig criticó que el anterior Govern actuó "con dejadez en la gestión de estos edificios, ya que se tenían que haber registrado como fuera de ordenación o edificaciones ilegales en los correspondientes registros para que esas viviendas, a lo mejor, no se pudieran vender". De hecho, el primer edil de Sant Josep lamentó que "si en aquel momento se hubiera hecho una reparación en el bloque A este edificio hubiera podido tener solución".