El nuevo urbanismo potencia la expansión de los pueblos y combate el deterioro interior de ciudades y villas
El Principado aprobó el decreto que modifica el ROTU, el Reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En muchas ocasiones la expansión de las ciudades, villas y otros núcleos crecen hacia el exterior en detrimento del interior, que se deteriora e incluso se abandonan espacios.
Pues el decreto que aprobó hoy el Consejo de Gobierno supone un cambio de modelo urbanístico, de tal manera que ya no se prioriza la ampliación, sino que mira hacia el centro, recuperando espacios con rehabilitaciones y cambios en la ordenación; ya sean parcelas o edificios, de carácter público, particular o empresarial. Así lo indicó el consejero de Ordenación Territorial, Alejandro Calvo, al término del Consejo de Gobierno que aprobó el decreto que modifica el ROTU, el Reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El nuevo reglamento regula el suelo urbano, es más exigente con la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas, regula los complejos inmobiliarios, incorpora actuaciones públicas, dota a los ayuntamientos de herramientas seguras para intervenir en zonas y barrios vulnerables, y potencia el uso de los planes especiales de reforma (como los PERI).
Y en el mundo rural se suprime la vinculación de las explotaciones a la vivienda. Un aspecto que tanto condicionaba el asentamiento de nueva población y también el desarrollo empresarial. Pero además se eliminan trabas de superficie para la expansión de las explotaciones agro-ganaderas, que estaban topadas en 300 metros cuadrados. Se establecen criterios de delimitación de los núcleos rurales y el régimen de usos de los distintos tipos de edificación. Permite a los Ayuntamientos establecer las distancias de los cierres de las fincas a los caminos e impulsa infraestructuras y servicios.
El nuevo decreto de ordenación del territorio simplifica los trámites burocráticos y el silencio administrativo da vía libre a la autorización en beneficio de los ciudadanos, a la vez que espolea a la administración en la resolución de trámites patrimoniales complejos al establecer un tope máximo de dos años.