El Gobierno da por satisfecha la responsabilidad política con el informe de inspección y la dimisión de Díaz Aguado

El informe de inspección de servicios sobre el proceder de la autoridad minera con Mina Cerredo sigue dando de qué hablar. El presidente del Principado Adrián Barbón ha elegido las redes para manifestarse. Al igual que hizo el lunes en la fiesta del bollu en Avilés, tampoco lo comentó al atender a los periodistas en los güevos pintos de Pola de Siero este martes. En su post, afirma que encargó el informe de inspección con “el propósito de depurar responsabilidades, rehacer el servicio de minas y evitar que nada así puede volver a suceder”. Barbón, que defiende transparencia al remitir el informe a la Junta, la Comisión de Seguridad Minera y a los medios de comunicación, señala que es “consciente de que algunos utilizarán el informe para desgastar al gobierno con intención electoral”.

Tras analizar el informe, el gobierno no quiere fijarse en fallos, errores o responsables concretos sino en aplicar las recomendaciones de inspección. A la salida de la comisión de seguridad minera, el consejero de Industria Borja Sánchez señalaba que la responsabilidad política está satisfecha con las explicaciones tras el Consejo de Gobierno y el envío del informe a la Junta General y la propia Comisión de Seguridad. En la misma sintonía, el portavoz del Gobierno Guillermo Peláez quiere mirar al futuro y enfatizar las recomendaciones de mejora sin señalarlo como problemas o irregularidades. En términos de responsabilidad política, Peláez recuerda la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Industria tras haber sido años antes directora de Energía y Minería.

Pero la oposición sí cree que hay que señalar responsables políticos. Para el presidente del PP, el informe demuestra que la administración se "saltó el corsé legal" al autorizar el Proyecto de Investigación Complementaria, un instrumento para alimentar un "caos administrativo teledirigido" desde instancias política para permitir, sospecha, que "ciertas personas se enriqueciesen" sin cumplir las normas, afirma Álvaro Queipo. Queipo recuerda que hay responsables políticos: no sólo la dimisionaria Belarmina Díaz sino también los exconsejeros de Industria Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, premiados, según Queipo, con la presidencia de Hunosa y de El Musel. Pero, afirma Queipo, hay un responsable político final, el presidente Adrián Barbón del que no es creíble que conociese el informe a las 12:13 del lunes. Si fuese así, sería peor incluso. Presidencia ha insistido esta mañana en que Barbón conoció el informe provisional el lunes.

Así las cosas, el PP pedirá un pleno con la solicitud de comparecencia única y exclusiva del presidente del Principado Adrián Barbón. También la reapertura de la comisión de investigación, cuya mesa es controlada por la izquierda parlamentaria, y en la que el PP no descarta pedir de nuevo la comparecencia de los responsables de Blue Solving y Combayl. Buena parte de ellos alegaron su silencio en la Junta al secretario de sumario en el juzgado del Cangas del Narcea, secreto levantado hace semanas.

La petición del PP cuenta con el apoyo de Foro cuyo diputado Adrián Pumares ha cargado contra Barbón. El diputado de Vox Gonzalo Centeno exige la depuración de responsabilidades políticas y técnicas. Critica que el Gobierno del Principado reconozca el anómalo funcionamiento del sistema sin asumir ninguna consecuencia personal.