Y nos ha pillado pese a que la apertura de la oficina estaba inicialmente prevista para el 31 de diciembre de 2025. Hubo un primer aplazamiento el 15 de febrero, y un segundo al 23 de marzo. Pero no se llegó a tiempo. Andrea Fernández, delegada sindical de SPJ-USO, cree que el problema ha sido precisamente esa falta de previsión. Recuerda que en circunstancias normales se podría haber recurrido a una figura que permite cerrar unos días un juzgado para dejarlo todo preparado. No ha sido posible, y la nueva oficina judicial ha abierto sus puertas con cajas de mudanza y personal reubicado que no sabe dónde tiene que instalarse.
Los cambios que entran en vigor supondrán además un problema para los casos de violencia de género, afirma Andrea. Gijón asume los casos de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña. Mucho más trabajo pero solo tres funcionarios más en plantilla. A lo que se une, dice, la "deshumanización". Las víctimas declararán ante una pantalla o tendrán que desplazarse a Gijón, con el consiguiente trastorno.
Desde SPJ-USO aseguran que el único motivo que justifica estos cambios (que supondrán un problema para los usuarios) es el económico. Se quiere ahorrar dinero, sentencia Andrea.
La consejería de justicia asegura que ha monitorizado la evolución de la puesta en marcha para atender eventuales desajustes técnicos o informáticos, con personal específico desplazado al Palacio de Justicia de Gijón. Esta es la segunda oficina que se activa dentro de los tres grandes partidos judiciales del Principado, tras la de Avilés. En breve comenzará a operar también la de Oviedo.