De esta forma, el Gobierno aragonés espera que en cinco años el 95% de la población de la Comunidad estará cubierta en términos de saneamiento y depuración. En la actualidad ya lo está el 90%, pero lo que resta por hacer es lo más complicado, porque supone actuar en poblaciones más pequeñas.
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, considera que así se cumplirá el compromiso del Gobierno de culminar la depuración en Aragón. Olona ha reconocido que el plan llega con cierto retraso, pero lo han hecho de forma consciente para esperar a que estuviera aprobada la nueva ley del IMAR, el impuesto que sustituye al polémico ICA.
El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha anunciado su oposición porque no han contado con ellos y no contempla casi ninguna inversión para el saneamiento y la depuración en la capital aragonesa. La concejala Patricia Cavero, ha recordado que la principal depuradora de la ciudad, que costearon los propios zaragozanos con sus impuestos, está llegando al final de su vida útil y ahora el Gobierno de Aragón vuelve a dar la espalda a Zaragoza.
Por otro lado, el Ejecutivo aragonés también ha trasladado a la Comisión del Agua un plan de actuación de 2 millones de euros para llevar a cabo acciones de restauración fluvial en el río Ebro, como el retranqueo de motas en puntos críticos de la ribera.